Consejos nacionales advirtieron sobre una grave injerencia del Claudio Vidal en el Poder Judicial y el vaciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Con un documento contundente, los Consejos de Procuradores, Fiscales Generales y de Política Criminal de todas las provincias argentinas, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto de ley presentado por el Vicegobernador de Santa Cruz, que propone una modificación estructural de la Ley 1600, norma que regula la organización judicial en la provincia.
Según el pronunciamiento fechado el 4 de octubre de 2025 y firmado por Jorge Miquelarena (presidente del Consejo Federal de Política Criminal) y Jorge Omar Canteros (presidente del Consejo de Procuradores), la iniciativa representa una amenaza directa a “la independencia del Poder Judicial, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y la estabilidad institucional de sus autoridades”.
El punto central del conflicto es la redefinición de las funciones del Fiscal General, lo que según los firmantes “vacía de contenido la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, principio esencial del sistema acusatorio”. En otras palabras, el proyecto no solo implica un cambio administrativo, sino un “retroceso institucional” que afectaría la imparcialidad y equilibrio de la Justicia.
Los consejos sostienen que la reforma impulsada por el Vicegobernador desconoce el modelo constitucional tripartito consagrado en la reforma de 1994, que distingue claramente entre la Judicatura, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública. “Pretender reunir en una misma estructura las funciones de acusación y defensa constituye un retroceso institucional muy marcado”, afirma el documento, que también alerta sobre la vulneración del artículo 18 de la Constitución Nacional, vinculado al debido proceso.
Uno de los aspectos más graves, según el texto, es el intento de darle tratamiento express a una iniciativa que, bajo la apariencia de una reorganización, habilita la subordinación política del sistema penal. “Este tipo de medidas disfrazadas de reformas organizativas abre la puerta a la subordinación política de la acción penal pública”, remarcaron.
En el cierre del pronunciamiento, los fiscales instan a la Legislatura de Santa Cruz a no convalidar la reforma propuesta, y llaman a abrir un proceso de diálogo y revisión “que respete los estándares mínimos de independencia, autonomía y estabilidad funcional”.
“Defender la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la independencia del Poder Judicial no es un reclamo corporativo”, concluyen, “sino un acto de compromiso con la República, la Constitución y la ciudadanía”.
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