El ministro de Economía santacruceño cargó contra el Frente Sindical por difundir lo que llamó "desinformación" sobre la Ley de Emergencia. Pero el conflicto escala: sin paritarias, sin diálogo y con acampe activo en Río Gallegos.
El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, eligió esta semana un terreno inusual para un funcionario en medio de un conflicto laboral activo: en lugar de anunciar una convocatoria a paritarias o presentar una propuesta salarial concreta, salió a disputar el relato. Acusó a los gremios del Frente Sindical de haber instalado una narrativa falsa sobre el contenido de la Ley de Emergencia Económica y descartó de manera categórica que el proyecto contemple alguna reforma al sistema previsional provincial.
"Nunca contempló una reforma previsional ni congelamiento salarial", sostuvo Verbes en declaraciones públicas, a las que agregó que circuló "mucha desinformación" en torno al proyecto. La línea argumental no es nueva ni aislada. El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, ya había afirmado que la reforma previsional "se instaló en la sociedad y no es cierto", y el diputado Piero Boffi llegó más lejos al calificar de "falsedad total" la existencia de un proyecto en ese sentido.
El problema para el gobierno es que la negación reiterada no disuelve la desconfianza que se instaló en febrero, cuando la circulación de un supuesto borrador de reforma previsional encendió las alarmas entre trabajadores activos y jubilados. En un distrito donde el Estado es el empleador dominante y el sistema previsional es una preocupación estructural para miles de familias, ese episodio dejó una marca política que ninguna desmentida oficial logró borrar del todo. La credibilidad no se recupera con declaraciones; se recupera con acuerdos.
Mientras el gobierno invierte energía en el plano discursivo, el conflicto en la calle sigue su curso. El acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos continúa activo. Los paros en distintos sectores del Estado provincial se sostienen. Y los dirigentes del Frente Sindical advierten abiertamente con avanzar hacia una huelga general si el Ejecutivo no ofrece respuestas concretas en el corto plazo. No hay convocatoria formal a paritarias. No hay mesa de negociación. No hay señal de apertura desde el gobierno de Claudio Vidal.
Lo que sí hay es una condición. Verbes volvió a dejarla en claro: la discusión salarial está subordinada a la aprobación de la Ley de Emergencia Económica. El propio gobernador Vidal sostiene desde hace semanas que esa herramienta es indispensable para financiar el funcionamiento del Estado y garantizar el pago de haberes. La ecuación que plantea el Ejecutivo es transparente en su lógica y problemática en su efecto político: sin emergencia, no hay margen para negociar aumentos.
Esa postura choca de frente con la lectura sindical. Para el Frente Sindical, la ley no es una solución sino un riesgo. Los gremios argumentan que la emergencia económica podría habilitar medidas de ajuste sobre el empleo público, que el alcance real del proyecto nunca quedó suficientemente delimitado y que el gobierno utiliza esa exigencia como condicionamiento político para forzar la aprobación legislativa de una norma que de otro modo no tendría respaldo. Desde esa perspectiva, la demanda de paritarias no es solo salarial: es también una negativa a otorgar al Ejecutivo una herramienta cuyo uso futuro no está garantizado por ningún mecanismo de control efectivo.
El resultado es un bloqueo recíproco. El gobierno no convoca a paritarias sin la ley. Los gremios no apoyan la ley sin garantías concretas. Y en el medio, los trabajadores estatales santacruceños acumulan semanas sin respuesta salarial, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo con una velocidad que ninguna declaración ministerial puede compensar.
Lo que expone esta semana el conflicto en Santa Cruz es algo más profundo que una disputa técnica sobre una ley o un porcentaje de aumento. Cuando un gobierno dedica sus intervenciones públicas a acusar a los sindicatos de desinformar en lugar de sentarse a negociar, y cuando los gremios responden con acampe y amenaza de huelga general en lugar de propuestas concretas, el conflicto laboral se transforma en algo distinto: una pulseada por la legitimidad política, donde el terreno de disputa ya no son los salarios sino la credibilidad de cada actor.
En ese terreno, el gobierno de Vidal parte con una desventaja que sus propias declaraciones no hacen más que profundizar. Acusar a los gremios de instalar una mentira puede ser políticamente efectivo con un sector del electorado, pero no desactiva un acampe ni reabre una mesa de negociación cerrada. Y mientras las posiciones se endurecen y el diálogo permanece bloqueado, la resolución del conflicto depende de una decisión política que, al 16 de abril de 2025, no aparece por ningún lado.
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