Un fallo judicial reinstala a más de 25 agentes suspendidos por reclamar paritarias. La resolución oficial fue considerada por la justicia como arbitraria, sin fundamentos y violatoria de derechos laborales básicos.
En Santa Cruz, la estrategia del miedo impulsada por Claudio Vidal contra los trabajadores de la salud recibió un revés demoledor. El fallo del Juzgado de Familia N.º 2 de Río Gallegos no solo repuso a los agentes suspendidos ilegalmente, sino que también desenmascaró una maniobra de disciplinamiento que pretendía castigar la protesta sindical en plena conciliación obligatoria.
¿Qué hizo el gobierno de Vidal? Ordenó, mediante la Resolución 1414/2025 del Ministerio de Salud, la suspensión preventiva de más de 25 trabajadores que participaron de una manifestación salarial. La medida, disfrazada de “preventiva”, se aplicó sin audiencia, sin motivación individual, y lo más grave: en pleno período de conciliación obligatoria, cuando legalmente ninguna parte puede tomar represalias ni avanzar con sanciones.
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) no tardó en reaccionar. Presentó una acción de amparo —Expte. N.º 20777/25— argumentando que esa resolución violaba derechos fundamentales: el trabajo, la libertad sindical y el debido proceso. Y tenía razón. El juez les dio la razón, dejando en claro que el accionar estatal fue no solo apresurado sino inconstitucional.
El fallo judicial no se anda con vueltas. Declara la nulidad de la resolución, exige el reintegro inmediato de los agentes y recalca que el Ministerio actuó fuera del marco legal. Y lo hace en términos inequívocos: hubo vulneración del derecho a la defensa, ausencia de motivación en los actos administrativos y una evidente intención de castigar la acción colectiva.
¿A quién responde el Ministerio de Salud provincial? A la administración de Vidal. Por eso, aunque no firmó la resolución, este fallo le apunta de lleno al estilo de gestión que impulsa: una mezcla de verticalismo político y desprecio por los mecanismos institucionales. Vidal intentó ponerle un bozal a la protesta y terminó desautorizado por la Justicia.
Este episodio no es menor. Marca un antes y un después en la conflictividad gremial de la provincia. Porque ya no se discute solo un salario o una paritaria. Lo que está en juego es el marco legal que protege el accionar de los trabajadores del Estado. Si el gobierno puede castigar sin proceso y sin pruebas, estamos ante una lógica autoritaria, y eso, en democracia, es inadmisible.
Además, el fallo impacta en la política sanitaria. Suspender personal en medio de un conflicto por recursos humanos revela una gestión que no escucha, que no cuida, que no administra: castiga. Mientras el sistema de salud colapsa, la respuesta de Vidal fue la represión administrativa. Y la Justicia se lo frenó.
En síntesis: este no es solo un triunfo de ATSA. Es una advertencia a todos los gobiernos provinciales que crean que pueden manejar lo público como un feudo. La salud no se gestiona con amenazas. Y mucho menos, con resoluciones que violan la ley.
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