El Juzgado Federal 2 de Catamarca extendió la cautelar a todo el territorio nacional y dispuso que la ANDIS restituya en 24 horas los haberes retenidos por el Gobierno.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca dictó una resolución que extiende a todo el país la medida cautelar vigente en esa provincia y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas por el Gobierno nacional.
Además, el tribunal dispuso que se abonen los haberes retenidos a las personas afectadas y prohibió la realización de nuevas auditorías o suspensiones hasta tanto no haya una sentencia definitiva.
Un amparo con alcance federal
El fallo se enmarca en una acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM).
Posteriormente, se acumuló la presentación de la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), patrocinadas por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
También intervinieron organizaciones de alcance nacional como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
Argumentos y fundamentos del fallo
En la acción de amparo presentada en septiembre, la ACIJ y las entidades participantes sostuvieron que la conducta del Estado implicó una violación del debido proceso y de derechos fundamentales como la protección social, la salud y la vida independiente de las personas con discapacidad.
Se cuestionó además la falta de buena fe estatal, ya que la ANDIS impuso nuevas obligaciones de actualización de datos sin una adecuada difusión ni accesibilidad para los beneficiarios.
El tribunal consideró que la suspensión de más de 100.000 pensiones no contributivas “profundizó la situación de vulnerabilidad y exclusión de un colectivo históricamente postergado”.
En su resolución, el juez sostuvo que la medida cautelar busca “revertir un accionar arbitrario del Estado que puso en riesgo el derecho a una vida digna” y reafirmó la obligación de garantizar la continuidad de las prestaciones hasta tanto se defina el fondo del litigio.
Impacto y consecuencias
Con esta decisión, la Justicia federal pone un freno a la política de auditorías masivas implementada por el Gobierno nacional a través de la ANDIS y reafirma la vigencia del principio de no regresividad en materia de derechos sociales.
Las organizaciones demandantes celebraron el fallo y lo calificaron como “una victoria de las personas con discapacidad frente al ajuste y la arbitrariedad administrativa”.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
