Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero (FIT), presentó un proyecto de repudio a los despidos en YCRT. Los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) vienen enfrentando desde hace al menos dos años despidos y ataques a sus condiciones de trabajo.
En 2016 fueron despedidos 79 trabajadores, 4 en 2017 y solo en lo que va de 2018 más de 500 trabajadores. Este ataque se encuentra en el contexto de un brutal ajuste sobre el conjunto de la clase obrera.
La empresa YCRT carece de una figura legal definida, ya que es una empresa concesionada por el estado a un privado y cuyo concesionario hace 16 años fue intervenido ante graves irregularidades y un clamor popular en la cuenca, por el propio estado.
Incluso después del crimen social que fue la muerte por asfixia de 14 mineros en un incendio en el año 2004 (lo que derivó en una ampliación de los planes de inversión y en la concreción de la licitación para la usina) ninguna de las gestiones políticas ha fijado con claridad una estructura legal, y la aprobación de una figura legal con media sanción de diputados en diciembre de 2015, no fue refrendada por las mayorías de la Cámara de Senadores, con lo que se volvió a fojas cero.
El plan de achicamiento en el Yacimiento se ha puesto en marcha con la designación del Sr. Omar Zeidán, como Interventor. El boicot al proyecto de una carboeléctrica estatal, se expresó primero en la paralización de las obras de la usina que debería consumir el carbón, cuando uno de sus módulos está casi terminado; Luego con la separación de la usina y la mina en unidades económicas distintas, lo que prepara la privatización de la usina que es la parte rentable del negocio.
Este plan de la Intervención se acopla al plan de ajuste del gobierno nacional reforzando los despidos y el ataque a los trabajadores en la provincia. En Santa Cruz los despidos se extienden también a los petroleros y los salarios congelados abarcan a toda la provincia, a través del Pacto Fiscal firmado por el gobierno provincial y ahora bajado a todos los municipios. Los empleados estatales de Santa Cruz se encuentran en alto porcentaje por debajo de la línea de la pobreza.
En lo que va de 2018 este ataque cobró un impulso criminal que afecta severamente la economía de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre que viven de la actividad carbonífera. La producción minera en estas localidades emplea cerca de 3 mil personas. Por eso, los trabajadores que vienen enfrentando los despidos y el vaciamiento de la mina cuentan con el apoyo de toda la comunidad de ambas localidades.
El actual ataque que sufren estas comunidades, fue avalado y profundizado por el Presupuesto 2018 que se aprobó en el Congreso con el voto de los bloques con representación mayoritaria en la Cámara de Diputados y Senadores. Este le otorga $ 3.435 millones a la actividad, casi 800 millones menos que en 2017. Una suma de dinero que no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron poco más de $ 3.800 millones. Este golpe a la permanencia de la empresa y de sus trabajadores debería ser revertido con la aplicación de partidas presupuestarias compensatorias
La situación de los trabajadores de Río Turbio es un claro ejemplo de una orientación que busca defender la ganancia capitalista a costa de un brutal ataque a las condiciones de vida de toda la población trabajadora.
Desde nuestra banca, acompañamos incondicionalmente la lucha de los trabajadores y pondremos todo nuestro esfuerzo para el triunfo de los reclamos planteados.
Repudiamos el despido de al menos 500 trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Los mismos se enmarcan en un plan de ataque del gobierno nacional al conjunto de los trabajadores en general y a trabajadores de distintos sectores del Estado en particular como es el caso del INTI, SENASA, YCRT, UEP, INTA, Fanazul, Hospital Posadas.
Repudiamos el pedido del coordinador Sergio Lumacchi, designado como coordinador de YCRT por parte de la intervención de Omar Faruk Zeidán, de solicitar 200 efectivos de Gendarmería al jefe del Escuadrón 43 de Gendarmería Nacional, para amedrentar a los trabajadores frente a sus justas acciones de lucha.
Exigimos al gobierno nacional de Mauricio Macri, la anulación de los despidos y el cese de las presiones para lograr engañosos “retiros voluntarios”, así como la reactivación de las obras de la usina termoeléctrica y su puesta en marcha a la brevedad en el marco del absoluto respeto a los convenios colectivos de trabajo. Lo contrario afectaría gravemente la realización de tareas fundamentales para el desarrollo energético del país.
Manifestamos incondicional solidaridad con la lucha los trabajadores de YCRT que se movilizan masivamente y que ya llevan seis días de acampe en boca de mina y ocupación pacífica de los sectores de trabajo, en rechazo a estos despidos y a la denuncia de los convenios colectivos de trabajo, entre ellos el 03/75, dictaminados por el interventor del gobierno nacional, Omar Zeidán.