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06
Mié, Dic

Nacional
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La Auditoría General de la Nación (AGN) ha emitido un informe en el que se revela que durante el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), se vendieron bienes del Estado "por debajo del valor del mercado".

El informe también señala que no se destinaron terrenos para la implementación de planes de vivienda social y que no se cumplió con la legislación vigente.

El organismo realizó una auditoría de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en relación a alquileres, ventas y traspasos de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional en el período entre 2016 y 2019, que abarcó la administración del macrismo.

Los resultados del informe revelan que se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por un total de 842.4 millones de dólares, y que la ciudad de Buenos Aires concentró el 77.2% de estas operaciones.

En cuanto a las ventas, se observó que en el 100% de los expedientes analizados faltaron mecanismos para determinar el precio base de las subastas. Además, en el 56% de los casos, se adjudicaron a un valor menor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que resultó en una merma de ingresos de 62 millones de dólares.

La Auditoría también encontró que no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles ante una devaluación superior al 100%, lo que resultó en una pérdida de 426.6 millones de pesos para el Estado Nacional.

Se detectaron problemas relacionados con la subasta, ya que en el 58.8% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que el mercado estaba dispuesto a pagar.

En cuanto a las operaciones que no constituyeron ventas, se señaló que la AABE no destinó inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, lo que resultó en la falta de aprovechamiento de inmuebles estatales con fines de políticas redistributivas y desarrollo económico con inclusión social.

Además, se alertó sobre la utilización de la modalidad conocida como "dación en pago" a partir de enero de 2019, transferiendo inmuebles al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contravención de la normativa vigente. La dación en pago solo fue posible a partir de octubre de 2019.

Se encontró que la AABE transfirió inmuebles en concepto de dación en pago al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 148.2 millones de dólares, contraviniendo la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe la donación o venta de activos fijos durante los últimos seis meses del mandato presidencial que coincide con el período electoral.

La modalidad de transferencia de dación en pago fue derogada en febrero de 2020, poco después de asumir la presidencia Alberto Fernández.

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