La Policía identificó a los sospechosos con el sistema SIBIOS, allanó domicilios y recuperó una CPU robada. Uno de los aprehendidos tenía una orden de captura previa.
La investigación por el robo de computadoras en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz avanzó rápidamente: dos jóvenes fueron detenidos en Río Gallegos tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia, y parte del material sustraído fue recuperado. El hecho, ocurrido el 27 de agosto, había generado un fuerte cruce institucional entre la Municipalidad y el vicegobernador.
Todo comenzó cuando personal de la Comisaría Primera fue alertado sobre movimientos sospechosos en el edificio del Tribunal, ubicado en pleno centro de la capital provincial. Al ingresar, los agentes constataron que alguien había accedido al lugar sin forzar puertas ni ventanas, dirigiéndose directamente a una de las oficinas donde sustrajeron dos CPU y sus respectivas pantallas.
Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, parte del material fue recuperado durante el procedimiento inicial en las inmediaciones de una obra lindante. La División Gabinete Criminalístico realizó pericias en el lugar, recolectando huellas y rastros de interés.
Gracias a la articulación entre la División de Investigaciones (DDI) y la Comisaría Primera, junto con el análisis de datos biométricos mediante el sistema “SIBIOS”, se logró individualizar a los presuntos autores. A partir de allí, el Juzgado de Instrucción N°3 autorizó allanamientos en dos domicilios: uno en calle Ángela Brunetti al 600 y otro en Héctor Peña al 800.
En ambos operativos –realizados al mediodía del viernes 30 de agosto– se detuvo a dos hombres de 21 y 24 años. En el lugar también se secuestraron dispositivos móviles y una CPU marca CX, que fue identificada como parte del patrimonio del Tribunal de Cuentas.
Uno de los detenidos tenía una orden de captura vigente por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, emitida por la Cámara Criminal Oral local. Ambos permanecen a disposición de la Justicia.
El caso se había tornado explosivo a nivel institucional. El vicegobernador Fabián Leguizamón había advertido públicamente sobre la gravedad del hecho antes de que se concluyan las pericias, generando sospechas en el municipio capitalino. Desde la Secretaría de Legal y Técnica de Río Gallegos, el abogado Gonzalo Chute presentó un pedido formal de acceso a la información al Tribunal de Cuentas para conocer qué se había robado, si estaba respaldado y si se trataba de información vinculada a auditorías de gestiones anteriores.
Desde el propio Tribunal, Gabriela Castro había aclarado que toda la información estaba resguardada en servidores y que no se había perdido documentación crítica.
Con la detención de los presuntos autores y la recuperación parcial del material, el caso comienza a cerrarse en su fase investigativa.
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