El secretario de Legal y Técnica cuestionó cómo el vicegobernador supo detalles del episodio antes de las pericias, mientras exige transparencia y garantías republicanas.
El miércoles por la noche, desconocidos ingresaron al edificio del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz en Río Gallegos y se llevaron al menos un CPU, aunque dejaron dos monitores y otro equipo cerca del lugar.
La Municipalidad de Río Gallegos, a través de su Secretaría de Legal y Técnica, salió al cruce del incidente con un fuerte reclamo de transparencia.
Los abogados Gonzalo Chute y Juan Miguel Litvachkes presentaron un pedido formal de acceso a la información pública –según la ley provincial 3.540– dirigido a la presidenta del Tribunal, Gabriela Castro.
Exigen respuestas concretas sobre:
- Si efectivamente existió un robo o hurto de computadoras vinculadas a auditorías de Río Gallegos y Río Turbio
- si los equipos fueron recuperados
- qué municipios estaban mencionados en los equipos sustraídos
- si se perdió información sensible
- y si el Tribunal cuenta con sistemas de respaldo (servidores o backup)
Chute destacó que desde el Tribunal le habrían informado que “no falta ningún CPU vinculados a Río Gallegos y Río Turbio y la información física tampoco falta”.
Además, le confirmaron que “hay un backup en los servidores de toda la documentación presentada por los Municipios, por lo que si hubiera sucedido el robo también estaría la información pertinente”.
El funcionario cuestionó cómo el vicegobernador, Fabián Leguizamón, pudo anticipar lo sustraído antes de que finalicen las pericias. “Me llama poderosamente la atención cómo hizo el vicegobernador para saber antes que haya pericias qué habían robado dentro del Tribunal de Cuentas”.
El vicegobernador Leguizamón había alertado en redes sobre la gravedad del hecho, describiéndolo como un acto premeditado en vísperas de un debate clave en la Legislatura provincial –la ampliación del Tribunal Superior de Justicia– y vinculando el robo con información sensible de municipios con denuncias sin avanzar judicialmente.
Tras esas declaraciones, la presidenta del Tribunal, Gabriela Castro, aseguró que toda la información está segura en los servidores y que ninguna documentación crítica fue comprometida.
Con el pedido formal de acceso a la información, la Municipalidad exige una aclaración institucional y urgente, ratificando su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el derecho de los vecinos a conocer la verdad.
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