El gobierno busca achicar el gasto público eliminando subsidios a la luz y el gas. El costo se transfiere al usuario, con aumentos que llegarán hasta el 75 % desde enero.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema de tarifas energéticas que promete achicar el gasto público, pero que en los hechos implicará un tarifazo brutal para millones de familias argentinas. A partir de enero, las boletas de luz y gas aumentarán entre un 50 % y un 75 %, según advirtió la organización de defensa del consumidor DEUCO. El nuevo sistema también elimina las tarifas diferenciadas para zonas frías y pone fin al actual modelo de subsidios masivos.
La propuesta, publicada por la Secretaría de Energía y abierta a consulta pública hasta el 16 de diciembre, plantea que los hogares argentinos pasen a recibir una “bonificación temporal” que se irá reduciendo hasta desaparecer a fines de 2026. Un eufemismo que busca esconder lo que realmente es: la quita progresiva de subsidios estatales, disfrazada de beneficio extraordinario.
El nuevo mapa tarifario: menos subsidios, más facturas
El gobierno pretende reemplazar el esquema del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), con sus tres niveles según ingresos, por el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este nuevo sistema establece dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. ¿Quiénes conservarán la ayuda estatal? Solo los que no superen tres canastas básicas, es decir, ingresos familiares inferiores a $3,64 millones por mes.
Aunque se asegura que quienes estén inscriptos en el RASE no deberán reinscribirse, el propio Ejecutivo reconoce que ese registro tiene “irregularidades”, lo que alimenta la sospecha de que la depuración encubierta busca reducir el universo de beneficiarios.
En cuanto al gas, la propuesta fija que el subsidio actual del 65 % sobre el precio del gas en boca de pozo (Gas PIST) se reducirá al 50 % entre abril y septiembre, y directamente se eliminará entre octubre y marzo. Es decir: los meses de invierno seguirán parcialmente subsidiados; los de calor no tendrán cobertura alguna.
En electricidad, el consumo bonificado tendrá un límite de 300 kWh mensuales, una cifra baja considerando hogares con niños, electrodependientes o electrointensivos por calefacción eléctrica. El costo excedente se pagará a precio pleno.
¿Quién gana con este modelo? ¿Y quién pierde?
El nuevo régimen mantiene la dolarización del precio de generación para las empresas de gas y electricidad. Es decir, el riesgo cambiario se traslada por completo a los usuarios: si hay devaluación, las tarifas se ajustan al alza automáticamente, mientras las firmas proveedoras mantienen su rentabilidad. En criollo: si el dólar sube, lo pagás vos.
Las zonas frías, que históricamente tuvieron tarifas diferenciadas por cuestiones climáticas, también pierden sus beneficios. Esto afecta a la Patagonia, incluyendo Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y parte de Mendoza, entre otras. Las familias pasarán a pagar valores similares a zonas templadas, sin contemplar las necesidades energéticas extremas del sur del país.
DEUCO fue tajante: si la quita de subsidios se aplica tal como está prevista, el metro cúbico de gas aumentará entre un 48 % y un 74 %, dependiendo de la distribuidora. Y esto sin contar el impacto indirecto en alimentos, transporte y producción, donde el gas es insumo clave.
¿Ajuste fiscal o ajuste social?
La Secretaría de Energía admite que la razón de fondo de este esquema no es técnica sino política: el sostenimiento del superávit fiscal. El costo del ajuste recae, una vez más, sobre los hogares trabajadores, jubilados y sectores medios que apenas logran sostener su economía.
Este modelo no ataca las ineficiencias estructurales ni propone una matriz energética más equitativa. Solo restringe derechos bajo una lógica punitiva, donde quien no puede pagar debe consumir menos, aún a costa de su salud, dignidad o desarrollo.
En lugar de racionalizar el gasto energético con criterios progresivos, el plan oficial castiga el consumo básico, degrada la función protectora del Estado y desarma el entramado de asistencia social construido durante décadas.
Mientras tanto, los productores de energía garantizan su rentabilidad en dólares. Y los hogares argentinos, una vez más, deberán elegir entre pagar la luz, el gas o llenar la heladera.
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