La chocolatería de lujo nacida en Bariloche, acaba de obtener un crédito de $3.000 millones del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para construir una nueva planta en Pilar. La promesa oficial: generar 250 empleos, exportar aún más Franuí y "poner la marca argentina en el mundo".
¿Dinero de todos para unos pocos?
El BICE es un banco estatal, financiado en última instancia con fondos públicos. En un país donde cuatro de cada diez argentinos son pobres, ¿es sensato destinar $3.000 millones a una empresa que ya exporta a 40 países y factura en dólares? ¿Qué tan equitativo es?
Según el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, el Congreso tiene la obligación de fomentar el "desarrollo económico con justicia social". Y la Ley 24.156 establece que toda asistencia financiera estatal debe regirse por eficiencia y equidad. Entonces, cabe preguntarse: ¿cuáles fueron los criterios para otorgarle esta línea de crédito millonaria a Rapanui, mientras miles de pymes alimenticias del interior apenas si logran financiar su producción diaria?
Un número que alarma: $12 millones por puesto de trabajo
La narrativa gubernamental hace foco en la creación de 250 nuevos empleos. Pero cuando hacemos cuentas, el entusiasmo se enfría: cada puesto de trabajo costaría $12 millones de pesos. ¿No habría sido más eficiente repartir esos fondos en proyectos regionales más pequeños, con impacto directo en zonas olvidadas?
¿Capitalismo de amigos?
Diego Fenoglio, líder de Rapanui, proviene de una familia con peso político y económico en Bariloche. Sin acusar sin pruebas, es legítimo preguntarse si el acceso a financiamiento estatal obedece a méritos productivos o a vínculos sociales y políticos. No sería la primera vez que el Estado argentino cae en prácticas de "capitalismo de amigos", donde el amiguismo pesa más que los méritos.
Reflexión abierta
¿Es este el modelo de desarrollo que necesita el país? ¿Un Estado que subsidia multinacionales gourmet mientras los productores de alfajores artesanales del NOA o los pequeños chocolateros de la cordillera ni siquiera pueden financiar una batidora nueva?
La política pública no debería ser un festín de élites, sino una herramienta para democratizar oportunidades. Y en un país agobiado por la desigualdad, cada peso del Estado debería ser defendido como si fuera el último.
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