Un pedido emitido por la presidencia del Concejo Deliberante encabezada por la concejal Daniela D’Amico, exige desocupar oficinas en un plazo de 15 días. La medida afecta a consejos municipales, la Oficina de Empleo y programas de inclusión laboral que benefician a cientos de vecinos.
Mediante una nota dirigida al intendente Pablo Grasso, la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos solicitó el desalojo de las oficinas donde funciona el área municipal de Coordinación de Políticas Públicas, alegando cuestiones administrativas. El requerimiento fija un plazo de 15 días y genera preocupación por el impacto directo sobre programas sociales, laborales y de participación ciudadana.
La nota fue firmada por la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, y alcanza a un conjunto de áreas que desarrollan tareas fundamentales para la comunidad. En ese espacio funcionan, entre otros, los consejos municipales del Adulto Mayor y de Discapacidad, además de la Oficina de Empleo Municipal y el Programa de Inserción Laboral.
Desde el Ejecutivo local, la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, Mónica Gutiérrez, expresó su preocupación por la medida. “Lamentamos que se vulnere de tal forma un espacio que no solo capacita para incluir laboralmente, sino que también promueve derechos humanos y el desarrollo de la comunidad”, afirmó.
Gutiérrez recordó que la Coordinación de Políticas Públicas fue creada en 2004, durante la gestión del intendente Héctor “Pirincho” Roquel, con el objetivo de llevar adelante programas y proyectos sociales. Desde entonces, el área mantuvo su continuidad a través de distintas administraciones municipales y, en los últimos años, fortaleció su trabajo mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
El Departamento de Coordinación de Políticas Públicas funciona desde 2016 en un sector del edificio del Concejo Deliberante y nuclea una amplia red de dispositivos comunitarios. Entre ellos se encuentran nueve consejos de participación ciudadana, integrados por organizaciones de la sociedad civil y entes gubernamentales de distintos niveles: CO.MU.NA (Niñez y Adolescencia), CO.MU.POR (Pueblos Originarios), CO.MU.DI (Discapacidad), CO.MU.NOC (Nocturnidad), CO.MU.DAM (Adulto Mayor), CO.MU.CU (Cultura), CO.MU.E.S.S (Economía Social y Solidaria), CO.MU.DE (Deporte) y CON.MU.DIV (Diversidad y Disidencias).
Asimismo, en el lugar funciona la Oficina de Empleo Municipal, creada por el Decreto N.º 1977/14 bajo las normas del entonces Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Ministerio de Capital Humano. Esta dependencia brinda acompañamiento a personas en situación de desempleo a través de programas como Seguro por Desempleo, Volver al Trabajo, Fomentar Empleo, Empleo Independiente, Entramados Productivos Locales, Entrenamientos para el Trabajo y el Programa de Inserción Laboral.
También operan allí la Oficina de Formación e Inclusión Sociolaboral (OFIS), creada en 2022 para fortalecer competencias laborales y articular con el sector privado, y un Laboratorio de Impresión 3D, orientado a facilitar el acceso a dispositivos de apoyo para personas con discapacidad o diversidad funcional, además de ofrecer talleres y capacitaciones.
Desde el Municipio advirtieron que la intimación al desalojo afecta no solo a la estructura administrativa, sino también a cientos de vecinos y vecinas que participan de programas de formación, empleo e inclusión, y a los consejos municipales que generan propuestas y proyectos para distintos sectores de la comunidad.
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