Con la aprobación del Presupuesto 2026, se derogó el financiamiento específico de la Ley 26.058. La caída proyectada supera el 90%. El país vuelve a darle la espalda a la producción.
Argentina está destruyendo su futuro con una precisión quirúrgica que, por momentos, parece intencional. Con la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, una herramienta creada por la Ley 26.058 en 2005 que permitió resucitar un sistema que venía moribundo desde los 90 y que hoy atiende a más de 1,4 millones de estudiantes en todo el país.
No es un error. No es una omisión. Es una decisión política.
El artículo 30 del flamante presupuesto no solo deroga ese fondo, sino que liquida los pisos de financiamiento educativo, la inversión progresiva en ciencia y tecnología y otras partidas estratégicas. Como si eso fuera poco, el artículo 12 autoriza al Gobierno a cortar discrecionalmente los fondos universitarios.
¿Qué implica esto?
En la práctica, las escuelas técnicas y centros de formación profesional ya no tendrán recursos propios. Ni para insumos, ni para equipamiento, ni para sostener programas estratégicos como la robótica, la energía renovable o la inteligencia artificial. Volvemos al país de la hojalata vencida y los electrodos compartidos.
Lo confirman los datos: el presupuesto para técnica tendrá en 2026 una caída real del 93% respecto a 2023, según el CEPA. Este año, el Estado solo ejecutó el 10,8% de lo que indica la ley vigente. Y ahora, ya no hay ley.
Voces desde las aulas
Lo que en Buenos Aires parece una planilla de Excel, en Trenque Lauquen es una tragedia. Adriana Persain, docente de toda la vida en la Técnica N.º 1, lo explica mejor que cualquier funcionario: “¿Cómo pretendés formar técnicos sin insumos? Un kilo de electrodo sale $15.000 y dura una semana. ¿Le vas a pedir eso a familias que necesitan la caja de mercadería para comer?”.
En otras escuelas ya se exige a los alumnos que compren materiales por su cuenta. Pero no todos pueden gastar $40.000 o $50.000 por mes para prácticas de herrería, soldadura o electricidad. ¿El resultado? Deserción, frustración, baja matrícula y pérdida de cargos docentes. Ya vimos esta película en los 90. Sabemos cómo termina.
Desde la AMET, el gremio que nuclea a la docencia técnica, Ernesto Cepeda fue directo: “Esto es un espiral de retroceso. Y no es simbólico: es tangible, se está sintiendo ya este año. No hay insumos, no hay prácticas, no hay futuro”.
Una política que funcionaba
La Ley de Educación Técnica de 2005, impulsada durante el kirchnerismo, había logrado algo inédito: crear un fondo coparticipable, federal y con planificación democrática, mediante el Consejo Nacional de Educación Técnico Profesional. Las provincias definían prioridades, el INET acompañaba con recursos, se abrían nuevas escuelas, se equipaban talleres.
Diego Golombek, exdirector del INET, no tiene dudas: “Derogar esta ley es completamente absurdo. No es solo el presupuesto: es un país que renuncia a creer en su propio desarrollo”.
¿Quiénes votaron esto?
El recorte fue aprobado en el Senado con 45 votos afirmativos, incluyendo legisladores peronistas como Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Votaron una ley en general que destruye una de las políticas más virtuosas de las últimas dos décadas. Y ahora, los chicos pagan el precio.
De prometer desarrollo a dinamitarlo
El discurso libertario de “romper el statu quo” terminó rompiendo las pocas cosas que funcionaban. Se prometió terminar con el látigo y la chequera. Se prometió federalismo. Se prometió inversión inteligente. En cambio, lo que se consagra es una centralización brutal del presupuesto educativo, en manos de una Secretaría de Educación que puede suspender partidas a discreción.
La técnica no es una línea del Excel. Es producción, es arraigo, es empleo joven, es innovación, es el puente entre la educación y el trabajo, sobre todo en el interior del país.
La motosierra de Milei no está cortando la grasa. Está cortando la médula del futuro productivo argentino.
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