Tras perder batallas clave en el Congreso, el gobierno analiza un decreto presidencial para dejar sin efecto normas ya sancionadas; expertos alertan sobre riesgos constitucionales.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, analiza avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para anular la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, ambas ya sancionadas y ratificadas por el Congreso pero nunca ejecutadas por la Casa Rosada.
La decisión surge después de que el oficialismo diera por perdida la batalla legislativa para incorporar la derogación de esas normas al proyecto de Presupuesto 2026 y abandonara esa pelea en el Senado. En ese marco, el Ejecutivo evalúa el uso de un DNU una vez que el Presupuesto quede formalmente aprobado y se inicie el receso del Parlamento.
Según fuentes oficiales y politizadas, la intención sería que el decreto entre en vigencia inmediatamente, dejando sin efecto las leyes que garantizan financiamiento para el sistema universitario público y medidas de protección para personas con discapacidad. Pero expertos constitucionalistas advierten que el uso de DNUs en estos casos carecería de los requisitos de “necesidad y urgencia” que exige la Constitución, y podría ser declarado inconstitucional por la Justicia si llegase a impugnarse.
Ambos instrumentos legislativos no surgieron de improvisación: tras vetos iniciales del Ejecutivo, el Congreso los sancionó y ratificó, mostrando que existió un amplio respaldo político más allá de la Casa Rosada. Según organismos sociales y sectores académicos, la no aplicación de estas leyes genera tensiones crecientes en el sistema educativo y en asociaciones de discapacidad, que denuncian un atraso en el cumplimiento de derechos básicos.
En el ámbito universitario, por ejemplo, la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento ya llevó a paros y protestas en varios claustros y sindicatos docentes, que acusan al Gobierno de “vaciar” la normativa mediante la omisión de fondos. Por su parte, organizaciones de discapacidad han señalado consecuencias directas en la asignación de beneficios y servicios previstos por la ley, en un contexto social donde la protección de derechos vulnerables es materia de debate público.
Los asesores jurídicos del Ejecutivo, ante la posibilidad de un DNU, sostienen que contarían con apoyo político suficiente para sostenerlo en el corto plazo, aunque reconocen que sería una batalla judicial y política de alto voltaje si el decreto es impugnado por inconstitucionalidad. Otra alternativa que se discute en despachos oficiales es ejecutar parcialmente las partidas previstas por las leyes en el primer semestre del año próximo, lo que daría “tiempo político” para buscar una derogación legislativa tradicional, aunque esa maniobra también enfrenta resistencias y críticas desde la oposición y organizaciones sociales.
El debate no es menor: un uso extensivo de DNUs para derogar normas sociales sensibles podría tensar aún más la relación entre los poderes del Estado y alimentar la percepción de que el Ejecutivo elude el rol del Congreso y se apoya en mecanismos excepcionales para imponer su agenda.
Contexto Jurídico (DNU)
En Argentina, un Decreto de Necesidad y Urgencia tiene fuerza de ley de manera inmediata, pero debe ser luego tratado por el Congreso para su ratificación o rechazo. La Constitución exige que existan situaciones de “necesidad y urgencia” que impidan el trámite ordinario legislativo. Expertos señalan que intentar aplicar un DNU para derogar leyes ya sancionadas y en funciones usualmente no cumple esos requisitos formales, lo que abre puertas a impugnaciones judiciales.
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