El Secretario General Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó una advertencia contundente este lunes, señalando que se esperan "miles de despidos en la administración pública" tras la asunción del nuevo gobierno el próximo 10 de diciembre.
Aguiar anunció la convocatoria a huelgas sectoriales, iniciando con un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que afectará las exportaciones y podría poner en riesgo el status sanitario argentino.
En un comunicado oficial, el sindicato nacional de ATE confirmó que, según información precisa obtenida durante las reuniones de transición en diversas áreas del Poder Ejecutivo, la gestión entrante planea realizar recortes significativos en la plantilla de personal en Ministerios y organismos, principalmente afectando a contratados e inestables. Este escenario podría desencadenar despidos masivos en la administración pública.
Ante esta situación, ATE instó a las conducciones tanto porteñas como provinciales a realizar plenarios y asambleas para evaluar acciones que protejan los puestos de empleo y eviten la desjerarquización de funciones. Aguiar destacó que los trabajadores tienen derecho a actuar en legítima defensa si sienten que sus empleos están en peligro, subrayando que no deben ser ellos quienes garanticen la paz social.
El dirigente sindical expresó su preocupación por la supuesta intención del próximo gobierno de reducir gastos, incluso a riesgo de disminuir la operatividad de los organismos públicos. Afirmó que los economistas convocados no muestran interés en nada más que recortar gastos.
El gremio nacional tomó medidas preventivas, autorizando un paro de 72 horas en el Senasa, lo que podría paralizar las exportaciones al detener los controles en puertos, aeropuertos, pasos de frontera y aduanas. Aguiar también denunció la búsqueda exhaustiva de trabajadores recién ingresados y aquellos sin estabilidad, afectando a más de 64 mil empleados precarizados.
En una solicitud adicional, Aguiar pidió el adelanto del pago del aguinaldo de diciembre, argumentando que su no pago violaría el orden público y destacando el derecho adquirido por el movimiento obrero desde 1945, legislado en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y la norma 23.041 que determina su pago en la administración pública y empresas estatales.
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