Un dictamen judicial del fiscal Franco Picardi describe un esquema de sobreprecios, retornos y direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones.
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con un dictamen que profundiza el alcance de las maniobras y eleva la gravedad de las acusaciones. El fiscal Franco Picardi pidió citar a indagatoria a 29 personas, entre exfuncionarios, empresarios y operadores, en el marco de una causa que ya acumula procesamientos por asociación ilícita .
En el centro del expediente aparecen el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo; el exresponsable de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini; y el lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como una pieza externa pero determinante en la operatoria. Según la fiscalía, desde ese entramado se habría montado un sistema de direccionamiento de contrataciones y sobreprecios que implicó la erogación de más de 75 mil millones de pesos de fondos públicos.
El dictamen describe un esquema sostenido en el tiempo, con características repetidas en distintas áreas. La ANDIS, sostiene Picardi, operó como “una ventanilla de pagos indebidos” que garantizaba negocios para un grupo reducido de empresas. El mecanismo incluía compulsas de precios manipuladas, cartelización entre proveedores y retornos en forma de dinero o dádivas para quienes intervenían en la adjudicación._
Las maniobras no se limitaron a medicamentos, eje inicial de la investigación, sino que se extendieron a insumos médicos de alto costo: prótesis, implantes, sillas de ruedas motorizadas, audífonos y materiales quirúrgicos. Todos ellos eran adquiridos a través del programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica. Para la fiscalía, ese circuito desvió recursos de una política pública sensible hacia intereses privados.
Entre las pruebas analizadas aparecen intercambios de mensajes que, según los investigadores, reflejan el funcionamiento interno del esquema. En uno de ellos, Garbellini envía a Calvete un listado bajo el título “ofrendas de esta semana”, con montos asignados a distintas empresas. En otro, se coordinan entregas de dinero en efectivo, incluso con referencias a pagos en dólares ._
El rol de Calvete, de acuerdo con el dictamen, fue central para articular el flujo de fondos. No solo participaba en las adjudicaciones, sino que además gestionaba transferencias, facturación cruzada entre empresas y mecanismos para canalizar el dinero. Parte de esas operaciones se habría instrumentado a través de firmas vinculadas al sector aeronáutico, simulando servicios inexistentes.
La investigación también detectó irregularidades en la documentación respaldatoria. En algunos casos se habrían emitido facturas por productos que no registran entrega, como camas ortopédicas, lo que sugiere una etapa de blanqueo dentro del circuito.
El patrón se repite en distintos rubros. En determinadas licitaciones, empresas vinculadas entre sí competían formalmente, mientras concentraban la totalidad de las adjudicaciones. En otros casos, proveedores sin capacidad técnica o sin registro adecuado participaban de procesos que terminaban beneficiando siempre a los mismos actores.
El expediente abre además líneas que podrían escalar hacia niveles superiores. La fiscalía menciona posibles vínculos con otros funcionarios y no descarta nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de pruebas. Las próximas indagatorias quedarán a cargo del juez Ariel Lijo, quien deberá definir los pasos siguientes en una causa que crece en volumen y complejidad .
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