El ajuste salarial dispuesto por decreto elevó los ingresos del gabinete. El incremento salarial convive con investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el nivel de ingresos de los funcionarios.
El Gobierno nacional puso fin a una política que había sido bandera desde el inicio de la gestión: el congelamiento de los sueldos de la cúpula del Poder Ejecutivo. A partir de un decreto firmado el 2 de enero de 2026, los ministros, secretarios y subsecretarios comenzaron a recibir aumentos que, en pocos meses, llevaron sus ingresos a más del doble de lo que cobraban hasta fines del año pasado.
La decisión excluyó al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes continúan con salarios sin modificaciones. El jefe de Estado percibe $4.066.018, mientras que su vice se mantiene en $3.764.821. En contraste, el resto del gabinete experimentó una recomposición acelerada tras dos años sin actualizaciones.
Los ministros, que en diciembre tenían un salario bruto de $3.584.006, pasaron a cobrar $7.129.501 en enero. La cifra continuó en alza: $7.272.091 en febrero, $7.902.331 en abril y $8.020.866 proyectados para mayo. El incremento acumulado entre diciembre y mayo alcanza el 123%, según los datos oficiales.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ubica en la misma escala salarial que los ministros. Su situación, sin embargo, adquirió una dimensión adicional en las últimas semanas, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que puso bajo análisis sus ingresos y su patrimonio.
El esquema de aumentos también alcanzó a los secretarios, cuyos salarios pasaron de $3.282.709 en diciembre a más de $7,3 millones en mayo. Los subsecretarios, en tanto, escalaron desde $2.981.513 a cifras cercanas a los $6,6 millones en el mismo período. En todos los casos, el salto inicial tras el descongelamiento rondó el 99%, con incrementos posteriores atados a las actualizaciones de la administración pública.
Desde la Casa Rosada justifican la medida en la pérdida acumulada frente a la inflación. Según los cálculos oficiales, los salarios venían rezagados frente a un índice que cerró en 117,8% en 2024 y 31,5% en 2025, con una suba adicional del 5,9% en el inicio de 2026. En ese marco, sostienen que la recomposición, aun siendo significativa, queda por debajo del 194% de inflación acumulada.
El argumento oficial también apunta a la necesidad de retener cuadros técnicos. Durante el período de congelamiento, distintos ministerios alertaron sobre la salida de funcionarios hacia el sector privado, atraídos por salarios más competitivos. El decreto buscó revertir esa tendencia y garantizar un esquema “adecuado y coherente” con las responsabilidades de gestión.
Sin embargo, la decisión no escapa a la tensión política. El aumento de sueldos en la cúpula estatal convive con un discurso oficial centrado en el ajuste y la austeridad, así como con límites impuestos a las paritarias del sector privado. Esa contradicción alimenta críticas de la oposición y reaviva el debate sobre el costo de la política.
La comparación con otros ingresos del Estado y del sector privado amplifica el contraste. Mientras un senador supera los $11 millones y un juez de la Corte ronda los $9,9 millones, el salario promedio de los trabajadores estatales se ubica en torno a $1,2 millones, con pisos cercanos a los $600.000. El Ripte, que mide el ingreso promedio de trabajadores registrados, se posiciona en $1.646.344.
El cambio de escenario también coincide con un contexto más complejo para el Gobierno. A las discusiones salariales se suman investigaciones judiciales que involucran a funcionarios, cuestionamientos por créditos otorgados desde el Banco Nación y el impacto político de distintas causas en curso. En ese marco, los ingresos del gabinete dejaron de ser un dato administrativo para convertirse en un tema central de la agenda pública.
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