La relación entre la consultora de la esposa de Adorni, empresas preseleccionadas y funcionarios del Gobierno abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés.
Un entramado de vínculos personales, laborales y empresariales volvió a colocar en el centro de la escena al gobierno nacional, a partir de cuestionamientos por posibles conflictos de interés en torno a la concesión del predio de Tecnópolis. La situación involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su entorno familiar y a empresas que participan en un proceso licitatorio de alto impacto económico.
El punto de partida del caso fue el viaje a Nueva York realizado por Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien integró la comitiva presidencial a bordo del Tango 01. El hecho derivó en una denuncia penal, en la que se cuestiona su presencia en una misión oficial pese a no ocupar un cargo en la administración pública.
Sin embargo, el eje de las críticas se trasladó rápidamente hacia los vínculos laborales. Angeletti es titular de la consultora “+Be”, que tiene entre sus clientes a Grupo Foggia, una productora de espectáculos vinculada a Mara Gorini. Esta última mantiene una relación directa con el oficialismo, ya que trabaja bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei.
Gorini, que había formado parte del directorio de Foggia Group, dejó ese cargo en marzo de 2024 al incorporarse al Estado, aunque continuó como apoderada de la empresa. La firma, a su vez, atravesó distintos cambios societarios en los últimos años, con la incorporación de directores que también aparecen vinculados a otras compañías de peso en el ámbito empresarial.
Uno de los nombres que surge en ese entramado es el de Ricardo Silbermins, quien asumió como director en Foggia Group y también integra el directorio de DirecTV Argentina S.A. Esta empresa figura entre las preseleccionadas en la licitación para la concesión de Tecnópolis, junto a Buenos Aires Arena S.A.
La licitación, impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), contempla la explotación del predio por un plazo de 25 años, con un canon mensual estimado en cientos de millones de pesos. La relevancia económica del proceso convierte a la adjudicación en una decisión estratégica.
El punto que genera mayor controversia es la superposición de roles y relaciones. La AABE depende de la Jefatura de Gabinete, área conducida por Adorni, mientras que una de las empresas vinculadas indirectamente a su entorno participa del proceso de selección. A su vez, la conexión entre la consultora de su esposa y una firma relacionada con actores del mismo circuito refuerza los cuestionamientos.
Hasta el momento, no se registraron definiciones oficiales que aclaren el alcance de estos vínculos ni eventuales incompatibilidades. La situación, sin embargo, alimenta el debate sobre los límites entre lo público y lo privado, especialmente en procesos donde se ponen en juego concesiones de largo plazo y alto valor económico.
El caso se suma a una serie de discusiones más amplias sobre transparencia, ética pública y mecanismos de control en la gestión estatal, en un contexto donde las decisiones administrativas tienen impacto directo sobre negocios de gran escala.
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