El gobierno de Javier Milei decidió que las empresas de transporte internacional ya no estén obligadas a verificar los permisos de viaje de niños, niñas y adolescentes al salir del país.
La medida, implementada mediante la Disposición 166/2025 de la Dirección Nacional de Migraciones, busca agilizar el embarque de pasajeros. Sin embargo, la decisión genera fuertes críticas por el riesgo que implica en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de menores.
¿Más eficiencia o desprotección infantil?
El Ejecutivo justificó la eliminación de esta exigencia con el argumento de que agiliza los procedimientos en aeropuertos y terminales, otorgando “mayor confort” a los pasajeros. No obstante, organizaciones de derechos humanos y legisladores de la oposición advirtieron que la decisión facilita el accionar de redes delictivas.
Diputadas como Ana María Ianni (UxP) y Mónica Frade (Coalición Cívica) calificaron la medida de “irresponsable” y “escandalosa”, señalando que permite sacar menores del país sin autorización parental verificable por las empresas de transporte. Frade fue aún más contundente al afirmar que “las redes mafiosas dedicadas a la trata y venta de niños han dado un paso adelante”.
¿Qué dicen las leyes vigentes?
Hasta ahora, las normativas argentinas exigían que los menores que viajaran al exterior lo hicieran con ambos progenitores o, en su defecto, con una autorización firmada ante escribano público. Esta doble verificación –primero por la aerolínea o empresa de transporte y luego por Migraciones– servía como un mecanismo de control que ahora queda absolutamente debilitado.
El gobierno libertario sostiene que los controles seguirán en los pasos migratorios oficiales. Sin embargo, al eliminar la verificación previa por parte de las aerolíneas y empresas de transporte, se reduce una barrera clave para detectar posibles casos de trata antes del embarque.
¿Quién se beneficia con este cambio?
La eliminación de este control genera un peligro evidente: la posibilidad de que redes criminales aprovechen la reducción de controles para sacar menores del país sin autorización. ¿Es razonable sacrificar una medida de protección clave a cambio de una supuesta mayor “eficiencia” en los aeropuertos?
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sus decisiones no vulneren los derechos de los sectores más indefensos. En este caso, la medida parece más una concesión a las aerolíneas y empresas de transporte que una política pensada en la seguridad de los niños.
Está claro que la decisión de desburocratización con tintes de negligencia pone en riesgo la integridad de los menores. Y lamentablemente en el futuro podrían llegar las consecuencias pero cuando ya sea demasiado tarde.
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