Lo hizo la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien dijo en un dictamen que elevó a la Corte Suprema
que no se respetaron las audiencias públicas para determinar las subas del servicio. Su opinión será tenida en cuenta por el máximo tribunal, aunque no será vinculante para la resolución que adopten los ministros.
El argumento que señala la Procuradora en su fallo, es el mismo que utilizó en relación a las tarifas de gas: que el Gobierno no respetó las audiencias públicas.
La Corte Suprema de Justicia alista un pronunciamiento sobre el tarifazo de la luz que dejará margen de maniobra al Gobierno nacional, y cuyo contenido distará en intensidad del revés que propinó al oficialismo en el caso del gas. El máximo tribunal no cuenta con el expediente necesario para tratar la cuestión de fondo y podría esperar a tenerlo para resolver, lo que provocará que una resolución definitiva en el tema luz quede diferida en el tiempo y pueda, por ende, volverse "abstracta" cuando el oficialismo mueva sus fichas a nivel político.