La Cámara de Casación Penal ha ratificado la condena a dos años de prisión en suspenso para el exsecretario de Comercio y actual precandidato presidencial, Guillermo Moreno, por su participación en amenazas durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa (Clarín).
La sentencia también implica una inhabilitación de seis meses para ocupar cargos públicos. Aunque la condena no se implementará hasta que sea definitiva, lo cual ocurrirá tras el rechazo del último recurso de la defensa por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo de la Cámara de Casación Penal fue firmado por los jueces de la Sala I, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quien ha dejado de firmar sentencias al cumplir 75 años, la edad en la que los jueces deben retirarse.
Las acusaciones contra Moreno se originaron a raíz de su comportamiento amenazante en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. El Tribunal Oral Federal N° 8 lo encontró culpable de amenazas y lo condenó a dos años de prisión en suspenso, acompañado de una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis meses.
El exfuncionario apeló la sentencia argumentando que los hechos por los cuales fue condenado no correspondían con los que fueron objeto de la investigación. En relación a esta argumentación, el juez Petrone destacó que, si bien Moreno mencionó la afectación al principio de congruencia, no proporcionó las defensas específicas que no pudo presentar ni el perjuicio concreto derivado de dicho cambio.
El juez Petrone también afirmó que, al analizar los testimonios, no quedaban dudas acerca de la coacción ejercida y rechazó las justificaciones alegadas por Moreno. En concordancia con su voto, el juez Barroetaveña respaldó la decisión de confirmar la condena. Por otro lado, la jueza Figueroa votó por la absolución.
La condena actualmente ratificada contra Guillermo Moreno por la Cámara de Casación Penal se suma a un capítulo más en la historia legal del exsecretario de Comercio, quien ha mantenido una posición prominente en la política y la administración pública de Argentina. Sin embargo, la implementación de la sentencia aguarda la resolución final de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá sobre el último recurso presentado por la defensa.
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