Duro revés judicial para María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) la ex gobernadora de Buenos Aires y con actuales pretensiones de ser candidata a presidenta.
La justicia electoral nacional confirmó la resolución del juez Alejo Ramos Padilla, que desaprobó los informes de gastos de campaña electoral que JXC desarrolló en PBA para las PASO de 2017. Se investiga si en 2017 la gestión de Vidal anotó a beneficiarios de subsidios y monotributistas como aportantes.
Pésima noticia para María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense que actualmente es diputada nacional por CABA y ahora pretende ser precandidata a presidenta: la justicia electoral nacional avaló la investigación judicial que indica que recurrió a beneficiarios de planes sociales en 2017 como aportantes "truchos" para la campaña de Juntos por el Cambio, antes Cambiemos.
Es que la Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que JXC desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando Vidal gobernaba.
Según precisó Télam tras acceder al texto de la CNE, allí se confirma la sentencia de Ramos Padilla que había sido apelada por JXC y dispuso que se tramiten "las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional".
Los magistrados electorales escribieron 26 páginas en las que determinaron, en línea con Ramos Padilla, que todos los aportes que realizaron las agrupaciones que argumentó JXC y formaron parte de la campaña electoral en 2017 “no resultaron suficientes”, lo que impide “conocer el origen y destino de los fondos de campaña”.
Lo que investiga la justicia y que avala el fallo es la causa conocida como “aportantes truchos”, debido a que allí se conoció que beneficiarios de planes, monotributistas y personas en la línea de la pobreza habrían realizado aportes a la campaña de Vidal Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires “por un total de $22.290.550”.
“Alicia A. Michelli, apoderada del Partido Conservador Popular, distrito Buenos Aires, y Santiago E. Espil, apoderado de la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (ARI), distrito Buenos Aires, respectivamente” son las personas que “apelaron” el fallo de Ramos Padilla en nombre de Juntos por el Cambio.
Lo mismo hicieron “Julián Vilche, responsable económico financiero de la línea interna ‘Cambiando Juntos’, Carla S. Chaban, responsable económica financiera de campaña; Alfredo G. Irigoin, responsable económico financiero de campaña; y Patricio G. Blanco Ilari, apoderado del Partido Pro-Propuesta Republicana”.
Sin embargo, según “información recabada de la auditoría de medios”, el perito auditor informó que “la agrupación no cumplió con lo solicitado”, ya que “no presentó el detalle de las publicidades contratadas por los proveedores ‘Latin American Communication S.A.’ y ‘MG Multimedios Group’, ni subsanó lo observado respecto a la publicidad en medios web ni en redes sociales”.
Según se desprende del fallo, se analizaron testimonios de personas que “negaron realizar el aporte que la agrupación había informado por un total de $ 22.290.550”
En concreto, el juez obtuvo testimonios de 98 personas, de las cuales “47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña; 1 se presentó espontáneamente y manifestó que no había realizado aportes; 1 envió carta documento por la misma razón; y los 49 restantes fueron citadas ante este Juzgado para detallaran si habían dado consentimiento de los aportes privados”.
De esas 49 personas, “19 fueron convocadas por estar registradas como beneficiarias de planes sociales; 17 negaron haber realizado aportes de campaña" y “24 fueron convocadas por ser monotributistas cuyo aporte excedía el límite de facturación mensual promedio, de las cuales 9 negaron el aporte”.
De aquellos aportantes supuestamente convocados por ser empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en aquel momento ya gestionaba Horacio Rodríguez Larreta, “de las 6 personas que prestaron testimonio, 2 confirmaron el aporte y 4 lo rechazaron”.
Así y en conclusión, “79 personas que aparecían como aportantes negaron la contribución de campaña, y de las 19 que afirmaron haber realizado el aporte, sólo una presentó el comprobante correspondiente”.
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