El secretario de Salud Pública de Río Gallegos, Quirino Pereira, ratificó que el Municipio mantendrá su esquema de atención pública y cuestionó tanto el recorte de programas nacionales como la propuesta del diputado Jairo Guzmán de avanzar hacia un sistema público con gestión privada en Santa Cruz.
Pereira sostuvo que la administración de Pablo Grasso continuará atendiendo a personas con y sin obra social y aseguró que el Municipio afronta con recursos propios profesionales, insumos, infraestructura y logística para sostener sus servicios.
El planteo sobre el retroceso del financiamiento nacional encuentra respaldo en datos públicos. Uno de los casos más notorios es Remediar, programa destinado a distribuir medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Un relevamiento basado en información presupuestaria nacional calculó una caída real del 72% de sus recursos para 2026 respecto de lo ejecutado en 2023, mientras la cantidad de tratamientos distribuidos también disminuyó con fuerza.
El propio Ministerio de Salud de la Nación modificó este año el funcionamiento de Remediar y anunció un esquema con mayor participación de las provincias. La cartera nacional sostiene que se trata de una reorganización para mejorar la eficiencia y focalizar recursos, mientras distintas jurisdicciones advirtieron que deberán asumir medicamentos que dejaron de llegar desde Nación.
En ese contexto, Pereira cuestionó al Gobierno de Santa Cruz porque, según afirmó, todavía no reemplazó mediante compras provinciales los medicamentos que dejaron de recibirse. “Han dicho que se harían cargo y todavía no hay compra de medicación”, sostuvo. Esa acusación corresponde al funcionario municipal y no pudo corroborarse con documentación pública suficiente sobre las adquisiciones provinciales.
La discusión escaló además por las declaraciones de Jairo Guzmán. El diputado planteó la posibilidad de implementar un modelo público con gestión privada, una propuesta que Pereira rechazó de plano.
“Me parece que Jairo Guzmán es un improvisado”, afirmó el funcionario municipal, quien consideró que el legislador habla “desde el desconocimiento” sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
Pereira también vinculó esa propuesta con una orientación hacia la mercantilización de la salud. Se trata de una interpretación política del funcionario y no de un hecho comprobable: que Guzmán proponga participación o gestión privada no permite afirmar, por sí solo, que busque eliminar el sistema público.
La controversia se produce mientras la atención estatal mantiene un peso determinante para millones de argentinos. Las cifras oficiales del propio programa Remediar señalan actualmente una población objetivo de alrededor de 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público para su cobertura de medicamentos esenciales.
Para el Municipio, el camino será sostener la atención primaria y reforzar las políticas de prevención. En medio de una discusión que ya dejó de ser solamente presupuestaria, Río Gallegos tomó posición: frente a los recortes y las propuestas de modificar el modelo de gestión, la administración de Grasso mantendrá un sistema municipal de acceso público.