La diputada nacional Moira Lanesan y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, participaron de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde reclamaron por la reducción del Programa Remediar y la falta de recursos destinados a los gobiernos locales. Ambos dirigentes cuestionaron las consecuencias de las políticas nacionales sobre la atención primaria de la salud y las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias.
El encuentro se desarrolló el miércoles 4 de noviembre en el Congreso Nacional y reunió a intendentes de diferentes provincias y espacios políticos. Los principales reclamos estuvieron relacionados con la provisión de medicamentos esenciales, la distribución de subsidios al transporte público y las obligaciones financieras que, según los jefes comunales, el Gobierno nacional dejó de atender.
Durante su intervención, Lanesan cuestionó la falta de respuestas frente a las necesidades sanitarias y económicas de la población. “Venimos a reclamar lo que nos corresponde”, expresó la legisladora santacruceña.
La diputada sostuvo que la reducción de recursos afecta especialmente a las familias que dependen de los servicios públicos y que enfrentan dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.
“No se le bajan los fondos a las localidades de nuestro país para llegar a cada una de las familias que atraviesa una crisis de salarios, no llega a fin de mes, no puede pagar medicamentos ni servicios”, manifestó.
En ese marco, pidió a sus pares legisladores que prioricen las necesidades de la ciudadanía al momento de adoptar decisiones relacionadas con el financiamiento de los servicios esenciales.
“Que los diputados puedan votar a favor del pueblo argentino, de la gente que lo necesita”, reclamó.
Uno de los principales puntos de discusión fue el Programa Remediar, destinado a facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros públicos de atención primaria de la salud.
Durante la reunión, intendentes de distintas localidades denunciaron que los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron considerablemente la cantidad de medicamentos distribuidos a través del programa. Según los datos expuestos por los jefes comunales, la cobertura pasó de aproximadamente 128 medicamentos a solo seis, una situación que genera preocupación por sus posibles consecuencias sanitarias.
Los representantes municipales advirtieron que esa reducción obliga a las administraciones locales a destinar mayores recursos propios para responder a pacientes que no pueden adquirir sus tratamientos en farmacias.
Grasso coincidió con esos planteos y describió las dificultades que enfrenta Río Gallegos para sostener políticas sanitarias y acompañar a los vecinos en un contexto de restricciones presupuestarias.
El intendente cuestionó que los municipios deban asumir responsabilidades que antes contaban con financiamiento nacional, sin recibir recursos adicionales para afrontar esos gastos.
También recordó que los jefes comunales ya concurrieron al Congreso para reclamar por subsidios al transporte, programas deportivos y obras públicas, y advirtió que muchas de esas demandas permanecen sin respuestas concretas.
Durante su exposición, Grasso utilizó la imagen de un carro cada vez más pesado para describir cómo los gobiernos locales deben incorporar nuevas obligaciones mientras enfrentan mayores limitaciones financieras.
El jefe comunal insistió en que las decisiones nacionales tienen consecuencias directas sobre los barrios, donde los vecinos recurren a las municipalidades para solicitar medicamentos, transporte, asistencia social y soluciones a problemas de infraestructura.
La preocupación por el Programa Remediar fue compartida por intendentes de diferentes sectores políticos. En la reunión también se plantearon reclamos por las deudas del PAMI con centros de salud municipales y por las diferencias en la distribución de subsidios al transporte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del interior.
Algunos jefes comunales incluso plantearon la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para reclamar una distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que consideran más equitativa.
En Río Gallegos, la discusión coincide con nuevas iniciativas municipales destinadas a facilitar el acceso a los medicamentos. Esta semana, la gestión de Grasso anunció un convenio con Farmacia Don Bosco IV que contempla descuentos del 30% en determinados genéricos hospitalarios y del 10% en otras líneas de fármacos para pacientes atendidos en el sistema sanitario municipal.
Aunque se trata de una medida local diferente al Programa Remediar, ambas cuestiones están relacionadas con las dificultades económicas que enfrentan las familias para sostener sus tratamientos.
La participación de Lanesan y Grasso en el Congreso permitió incorporar la situación de Santa Cruz a un reclamo de alcance nacional. Los representantes santacruceños insistieron en que la atención sanitaria y el financiamiento municipal requieren respuestas concretas para evitar que las restricciones presupuestarias terminen afectando a quienes dependen de los servicios públicos.
Por el momento, la reunión permitió exponer las demandas de los gobiernos locales, pero no se informó una resolución legislativa que garantice la restitución de los medicamentos o la transferencia de los fondos reclamados.