Máximo Kirchner presentó un proyecto que intenta convertir la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en una política de Estado sometida al control del Congreso. La iniciativa parte de una evidencia que atravesó diferentes gobiernos: cada nuevo acuerdo condiciona durante años la política económica, pero las decisiones suelen tomarse con urgencia, escasa información pública y sin un debate proporcional a sus consecuencias.
El texto propone que ninguna operación de crédito con organismos financieros internacionales pueda ser resuelta por decreto. También fija un límite legal al endeudamiento externo y encomienda al Poder Ejecutivo reclamar ante el FMI una revisión del excedente que la Argentina mantiene por encima de su cuota dentro del organismo.
La propuesta no plantea desconocer toda la deuda ni romper relaciones con el Fondo. Busca separar las obligaciones ordinarias de aquella porción excepcional que surgió del acuerdo firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo aprobó el préstamo más grande de su historia.
La deuda argentina con el FMI equivale a unas trece veces la cuota que el país tiene dentro de la institución. Según los fundamentos del proyecto, el tramo que debería someterse a revisión oscila entre los 30.000 y los 37.800 millones de dólares.
La discusión no es solamente contable. Determinar cuánto corresponde pagar, en qué plazos y con qué condiciones define los márgenes disponibles para financiar educación, salud, infraestructura, producción y políticas sociales. Cada dólar destinado a cancelar vencimientos es un recurso que no puede utilizarse en otras prioridades, salvo que la economía genere las divisas necesarias sin volver a endeudarse o descargar el costo sobre los sectores de menores ingresos.
El proyecto retoma la doctrina de corresponsabilidad entre acreedor y deudor. Ese principio sostiene que las consecuencias de un programa fallido no pueden recaer exclusivamente sobre el país que recibió los fondos cuando el organismo prestamista incumplió sus propios criterios técnicos o contribuyó a sostener una política que no alcanzó los objetivos anunciados.
La posición encuentra respaldo en antecedentes institucionales. La evaluación realizada por el propio FMI sobre el programa de 2018 reconoció que el acuerdo no logró recuperar la confianza, restaurar la viabilidad externa ni proteger adecuadamente a los sectores más vulnerables. También señaló que las autoridades argentinas no adoptaron controles sobre los movimientos de capitales pese a la salida sostenida de divisas.
La Auditoría General de la Nación, por su parte, detectó irregularidades en los procedimientos utilizados para aprobar y ejecutar el acuerdo. Su informe examinó la legalidad del endeudamiento, la relación entre acreedor y deudor y el impacto que el préstamo tuvo sobre la sostenibilidad de la deuda pública.
Estos antecedentes no liberan automáticamente a la Argentina de sus obligaciones, pero desarman la idea de que el préstamo fue una operación técnica en la que solamente falló el país deudor. El Fondo conocía la fragilidad del programa, aceptó supuestos difíciles de sostener y desembolsó recursos extraordinarios mientras continuaba la fuga de capitales.
La responsabilidad del gobierno de Macri tampoco puede diluirse. El Ejecutivo decidió recurrir al organismo, negoció las condiciones y asumió compromisos que hipotecaron la capacidad de decisión de las administraciones siguientes. El crédito no financió una transformación productiva capaz de generar las divisas para devolverlo. Sirvió, en buena medida, para sostener una política económica que terminó profundizando la recesión y la vulnerabilidad externa.
Por eso, recuperar la intervención del Congreso no es una cuestión burocrática. Significa impedir que un presidente pueda comprometer recursos de varias generaciones mediante una decisión unilateral. La deuda externa no es un asunto exclusivo del Ministerio de Economía: condiciona salarios, jubilaciones, tarifas, inversión pública y derechos sociales.
La experiencia reciente demostró además que una aprobación legislativa posterior no siempre garantiza un control efectivo. Cuando el Congreso recibe un acuerdo cerrado, bajo presión de vencimientos inmediatos y con la amenaza de una crisis, su margen real para discutir alternativas queda severamente reducido.
Una ley marco debería exigir que la información llegue antes de que la decisión sea irreversible. El monto, la tasa, los plazos, las metas, las reformas comprometidas y el impacto social tendrían que ser públicos y debatidos antes de la firma. No después, cuando el país ya quedó atado a obligaciones difíciles de modificar.
El techo legal al endeudamiento también apunta a limitar la repetición de ciclos conocidos. La Argentina toma deuda para cubrir desequilibrios, atraviesa una crisis, renegocia vencimientos y vuelve a aceptar condiciones que restringen su crecimiento. Sin una regla que obligue a evaluar la capacidad real de pago, cada acuerdo termina presentado como la única salida posible.
La iniciativa impulsada por Kirchner abre una discusión que excede al peronismo y al gobierno de Javier Milei. La pregunta es si la deuda externa seguirá siendo una herramienta discrecional del Poder Ejecutivo o si pasará a estar sometida a controles democráticos capaces de perdurar más allá de una administración.
También obliga a discutir la responsabilidad del FMI. Un organismo multilateral no puede actuar como un acreedor ajeno a los efectos de sus decisiones. Cuando aprueba un programa excepcional, ignora sus propios límites y sostiene políticas que agravan la capacidad de pago, no debería reclamar que todo el costo recaiga sobre la población del país endeudado.
Revisar el excedente del préstamo de 2018 no significa desconocer compromisos por voluntad política. Significa exigir que el Fondo responda por su intervención y acepte un esquema compatible con el crecimiento económico. Sin producción, empleo y generación de divisas, ninguna deuda resulta sostenible, por más ajuste que se imponga.
El proyecto lleva esa discusión al lugar donde debió estar desde el comienzo: el Congreso. Allí deberán debatirse sus alcances, sus mecanismos de aplicación y la viabilidad de impulsar una reforma del convenio constitutivo del FMI. Pero el principio central resulta difícil de objetar: ninguna deuda que condicione el futuro de todo un país debería decidirse a espaldas de sus representantes.
La Argentina necesita previsibilidad, aunque no la previsibilidad que exigen únicamente los acreedores. También necesita que sus ciudadanos sepan que ningún gobierno podrá firmar compromisos extraordinarios sin explicar su destino, demostrar su sostenibilidad y obtener autorización legislativa.
El orden macroeconómico no puede construirse sobre la resignación social ni sobre programas que condenan al país a refinanciar indefinidamente. Ordenar la relación con el FMI implica pagar aquello que corresponda, discutir aquello que fue otorgado de manera excepcional y evitar que una decisión presidencial vuelva a transformarse en una carga colectiva durante décadas.