La concejala de Río Gallegos Pamela Pesoa se sumó a los cuestionamientos políticos por la denuncia presentada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, quien acudió a la Justicia por presuntos seguimientos sobre él, su familia y sus propiedades y aportó elementos que colocaron bajo investigación la posible participación de integrantes de la Policía provincial.
Pesoa compartió una publicación nacional sobre el caso y acompañó el artículo con un duro mensaje dirigido al Gobierno de Claudio Vidal. “Bienvenidos a Santa Cruz: donde ponen a la Policía a cuidar a los políticos... de otros políticos”, escribió.
La concejala vinculó directamente el episodio con una discusión sobre el destino de los recursos públicos destinados a seguridad. “¿Te robaron y te dijeron que ‘no hay patrulleros disponibles’? Acá está la explicación de a dónde van a parar los recursos de la provincia”, cuestionó.
Esa última afirmación forma parte del posicionamiento político de Pesoa y no surge, hasta el momento, como una conclusión de la investigación judicial. No existe información pública que permita establecer que la disponibilidad de patrulleros para prevención del delito se haya reducido como consecuencia de los hechos denunciados por Luxen.
El punto que sí está bajo investigación es particularmente sensible. Luxen denunció ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos que desde mediados de agosto detectó seguimientos sobre él, su esposa y propiedades familiares. Entre los elementos incorporados aparece un Peugeot 208 cuyo dominio fue identificado como perteneciente a la Policía de Santa Cruz.
El episodio más concreto denunciado ocurrió el 22 de agosto. Luxen sostuvo que el vehículo fue detectado frente a una propiedad y que posteriormente mantuvo un intercambio con su conductor. También aportó registros audiovisuales y solicitó preservar imágenes de cámaras de seguridad que podrían permitir reconstruir los movimientos denunciados.
La presentación judicial no demuestra todavía que haya existido un operativo de espionaje ilegal ni establece quién pudo haberlo ordenado. Precisamente esas son algunas de las cuestiones que deberá determinar la investigación.
Sobre ese punto concentró Pesoa sus cuestionamientos. “La Policía cumple órdenes. La pregunta es quién las da, quién las controla y para qué se utilizan los recursos del Estado”, planteó.
La concejala reclamó además explicaciones del ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, y del gobernador Claudio Vidal. “¿Qué está pasando? ¿Quién ordenó estos seguimientos? ¿Qué conocimiento tiene el ministro de Seguridad, Pródromos? ¿Y por qué el gobernador permanece en silencio?”, escribió.
El planteo se suma a las reacciones opositoras que provocó el caso. Diputados y referentes políticos reclamaron que las autoridades de Seguridad y la conducción policial brinden información sobre el vehículo señalado, los agentes que pudieron haberlo utilizado y la existencia o no de una actuación oficial que explique su presencia.
Hasta este punto de la investigación no se revelaron pruebas que permitan establecer que Vidal, Pródromos o la conducción de la Policía hayan ordenado los presuntos seguimientos. Tampoco se conoce públicamente una orden judicial que justificara una vigilancia sobre Luxen.
Por eso, la cuestión institucional excede las acusaciones políticas. Si se confirma que personal y recursos de la Policía provincial fueron utilizados para seguir al jefe de Gabinete, deberá determinarse qué dependencia intervino, quién asignó los vehículos, qué agentes participaron y bajo qué instrucciones actuaron.
Pesoa cerró su publicación recuperando la histórica pregunta “¿Quién vigila a los vigilantes?”. En Santa Cruz, la respuesta quedó ahora en manos de una investigación que deberá reconstruir qué ocurrió y, fundamentalmente, si existió una cadena de órdenes detrás de los movimientos denunciados por uno de los funcionarios de mayor jerarquía del propio Gobierno provincial.