Paraguay vivió este viernes 6 de noviembre una jornada de fuerte tensión política e institucional. El presidente Santiago Peña fue destituido por el Senado mediante un juicio político y, pocas horas después, quedó detenido en su domicilio de Asunción por orden de la Fiscalía. La medida se produjo en medio de la crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, que generó protestas de ahorristas y abrió investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
La destitución fue aprobada por los 44 senadores presentes, sobre un total de 45 integrantes de la Cámara alta. Con esa decisión, Peña perdió la Presidencia y se convirtió en el segundo mandatario paraguayo removido mediante un juicio político en la historia democrática reciente del país, después de Fernando Lugo en 2012.
El ahora expresidente había presentado su renuncia el jueves 5 de noviembre, cuando se profundizaban las protestas y crecían las presiones políticas. Sin embargo, el Congreso no consiguió completar el procedimiento para aceptar su dimisión, por lo que el juicio político continuó hasta la votación definitiva.
Peña tampoco asistió personalmente a la sesión del Senado y delegó su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron la validez del procedimiento y rechazaron los argumentos utilizados para impulsar su destitución.
La situación judicial se precipitó una vez que el mandatario perdió su investidura presidencial. La Fiscalía ordenó su detención por presuntos delitos de lesión de confianza y otros hechos relacionados con la crisis de Ueno Bank.
Efectivos de la Policía Nacional se presentaron en su residencia de Asunción para comunicarle formalmente la medida. El expresidente quedó bajo custodia policial hasta su comparecencia ante el Ministerio Público, prevista para el sábado 7 de noviembre.
Los investigadores también analizan posibles delitos de tráfico de influencias y administración en provecho propio. Se trata de hipótesis penales que deberán ser examinadas durante el proceso judicial y que todavía no constituyen responsabilidades demostradas.
La crisis comenzó a profundizarse cuando el Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa financiera.
La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes depósitos de organismos públicos. Las restricciones sobre las operaciones bancarias provocaron preocupación entre los ahorristas, especialmente por la posibilidad de no recuperar sus fondos.
Entre las instituciones involucradas aparece el Instituto de Previsión Social, responsable de administrar recursos vinculados con jubilaciones y otras prestaciones. La situación generó incertidumbre sobre el destino de depósitos públicos y sobre las consecuencias del procedimiento bancario.
Las protestas se multiplicaron en Asunción y otras localidades. Cientos de manifestantes se concentraron frente al Congreso y en la Plaza de Armas para reclamar la devolución de los ahorros y exigir responsabilidades políticas.
Durante el juicio político, los legisladores acusadores denunciaron un presunto perjuicio económico de alrededor de 1.200 millones de dólares. Esa cifra corresponde a la acusación parlamentaria y no representa una pérdida patrimonial definitivamente establecida por una sentencia judicial.
El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó duramente la situación financiera y las presuntas responsabilidades del Gobierno, mientras que dirigentes del propio Partido Colorado también respaldaron la destitución de Peña.
La ruptura dentro del oficialismo resultó determinante para el desenlace. El mandatario perdió el apoyo de sectores de su propia fuerza política, lo que permitió que el juicio político avanzara hasta su remoción.
Tras la votación, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay. En su primer mensaje al país, prometió priorizar la atención de los afectados por la crisis financiera y avanzar en mecanismos para recuperar los depósitos comprometidos.
“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, expresó el nuevo mandatario.
Alliana también ordenó acelerar las gestiones destinadas a los ahorristas y sostuvo que su administración concentrará los esfuerzos en la situación interna del país. Su mandato deberá completar el período presidencial previsto hasta agosto de 2028.
La caída de Peña también tiene consecuencias institucionales. La Constitución paraguaya contempla la figura del senador vitalicio para los expresidentes elegidos democráticamente, pero excluye de ese beneficio a quienes fueron sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por ese motivo, la destitución mediante ese procedimiento impide que Peña acceda a esa condición, una diferencia respecto de una eventual salida por renuncia.
Mientras el nuevo Gobierno intenta responder a las demandas de los ahorristas, la investigación penal seguirá su curso. La Fiscalía también ordenó la detención del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, en el marco de las actuaciones vinculadas con Ueno Bank.
La destitución y posterior detención de Santiago Peña marcaron el desenlace de una crisis que comenzó en el sistema financiero y terminó modificando la conducción política de Paraguay. El principal desafío inmediato será establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar respuestas a las personas e instituciones afectadas por la situación bancaria.