La Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos expresó su rechazo al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, violencia familiar contra menores y delitos contra la integridad sexual.
Desde el área municipal advirtieron que la iniciativa puede instalar una sospecha generalizada sobre quienes denuncian y generar un efecto intimidatorio en víctimas que ya enfrentan miedo, dependencia económica, amenazas y desconfianza en el sistema judicial.
El proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 8 de abril de 2026. La propuesta busca modificar el Código Penal en los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, con agravantes cuando las acusaciones estén vinculadas con violencia de género, violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes o delitos sexuales.
La jefa del Departamento de Abordaje de Violencias por Motivos de Género, Pamela González, cuestionó que la discusión se concentre sobre una supuesta proliferación de denuncias falsas.
“No son falsas denuncias, lo que faltan son denuncias, porque solo una de cada cuatro mujeres que atraviesan situaciones de violencia logra denunciar”, sostuvo.
Según González, la mayoría de las víctimas debe atravesar barreras que dificultan o impiden acudir a la Justicia. En ese contexto, afirmó que presentar la denuncia falsa como un fenómeno extendido puede reforzar el silencio y aumentar la impunidad.
“Cuando desde la política se instala la sospecha permanente sobre las víctimas, el resultado no es más justicia: es más silencio y más impunidad”, remarcó.
Desde la Dirección de Políticas de Género señalaron además que la falsa denuncia y el falso testimonio ya se encuentran contemplados en el Código Penal. Por esa razón, sostienen que el debate no responde a una conducta actualmente impune, sino a la decisión de incorporar agravantes en situaciones especialmente sensibles.
El rechazo municipal se apoya también en un relevamiento del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos, realizado sobre más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas entre 2023 y 2025.
El informe indicó que las investigaciones por falsas denuncias representaron el 0,09% del total analizado. En las jurisdicciones que pudieron discriminar los casos, solamente el 8% estuvo relacionado con contextos de violencia de género o intrafamiliar.
Los datos no permiten afirmar que las denuncias falsas no existan. Sí muestran que se trata de un fenómeno estadísticamente excepcional y que su dimensión no coincide con la centralidad que adquirió en determinados discursos políticos.
Para el área municipal, el riesgo es que una reforma presentada como una defensa de las personas acusadas termine convirtiéndose en una nueva barrera para quienes intentan revelar situaciones de abuso o violencia.
Una denuncia archivada, desestimada o que no termina en condena no es automáticamente falsa. En muchos casos, los procesos no avanzan por falta de pruebas, demoras, dificultades para sostener el relato, temor de la víctima o problemas en la investigación. Para que exista una falsa denuncia debe demostrarse que una persona acusó deliberadamente a otra sabiendo que el hecho no ocurrió.
Esa distinción resulta particularmente importante en los casos de abuso sexual infantil, donde la producción de pruebas suele ser compleja y las víctimas pueden demorar años en relatar lo sucedido.
Frente al avance de la iniciativa, la Municipalidad convocó a una mesa de trabajo interinstitucional con organismos vinculados con la Justicia, la niñez, la salud mental y el abordaje de las violencias.
El objetivo será elaborar una posición técnica conjunta, fortalecer la coordinación entre las instituciones y analizar el impacto que un agravamiento penal puede tener sobre mujeres, diversidades, niñas, niños y adolescentes.
La Dirección de Políticas de Género recordó además que mantiene en funcionamiento el dispositivo “Yo Te Creo”, destinado a personas que atravesaron situaciones de abuso sexual y a familiares o integrantes de su entorno que las acompañan.
El espacio ofrece escucha, asesoramiento y contención grupal, con la coordinación de una profesional de la psicología. Los encuentros se realizan los martes a las 14 en Pellegrini 35.
El área dispone también de una guardia de emergencia durante las 24 horas, a través del número 2966 30-7893.
La discusión legislativa enfrenta dos obligaciones que no deberían presentarse como incompatibles: investigar y sancionar las acusaciones deliberadamente falsas, pero sin construir un sistema que trate de antemano a cada denunciante como una posible mentirosa.
Para el Municipio, el verdadero desafío no consiste en elevar el costo de denunciar, sino en garantizar investigaciones rigurosas, acompañamiento profesional y acceso efectivo a la Justicia para quienes todavía no pueden romper el silencio.