La diputada provincial María Agostina Mora impulsa un proyecto destinado a ordenar las deudas previsionales de los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz sin comprometer el pago de salarios ni el funcionamiento de los servicios públicos locales.
La iniciativa propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2027 las retenciones sobre los recursos municipales previstas en el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782 y, durante ese período, establecer una moratoria para regularizar las obligaciones pendientes con la Caja de Previsión Social.
“Las deudas se tienen que pagar, pero el costo no puede recaer sobre los santacruceños. Una retención realizada sin diálogo ni acuerdo puede afectar la capacidad de una localidad para pagar salarios, sostener servicios y responder a las necesidades de su comunidad”, sostuvo Mora.
La legisladora aclaró que el proyecto no busca eliminar las obligaciones previsionales ni habilitar a los municipios a dejar de aportar. La propuesta apunta, según explicó, a construir un período de regularización con condiciones que puedan ser cumplidas sin provocar un impacto inmediato sobre las finanzas locales.
Durante la vigencia de la moratoria también se suspendería la aplicación de intereses, multas y recargos sobre las deudas alcanzadas por el régimen.
El proyecto contempla además que se contabilicen los recursos municipales que ya fueron retenidos por el Gobierno provincial, de manera que esos montos sean incorporados al momento de determinar las obligaciones pendientes.
Otro de los puntos centrales es la convocatoria a una mesa de trabajo integrada por representantes del Ejecutivo provincial, los municipios y las comisiones de fomento.
Ese espacio tendría un plazo de 30 días para comenzar a trabajar en un nuevo esquema de distribución, regularización y cumplimiento de las obligaciones previsionales.
La discusión se produce en medio del conflicto por la aplicación del artículo 22 de la Ley 1782, que habilita mecanismos de retención sobre recursos correspondientes a gobiernos locales cuando no se transfieren los aportes previsionales en los términos establecidos.
La propuesta de Mora busca modificar temporalmente ese escenario mediante una suspensión de las retenciones y una instancia de negociación institucional que permita determinar cómo cancelar las deudas sin trasladar el impacto directamente sobre los presupuestos municipales.
El planteo parte de una distinción que la diputada considera fundamental: reconocer la obligación previsional y, al mismo tiempo, evitar que su cobro inmediato deje a las localidades sin margen para cumplir otras responsabilidades esenciales.
En municipios donde una parte importante de los recursos se destina al pago de salarios y al sostenimiento cotidiano de servicios, una reducción brusca de ingresos puede generar consecuencias sobre trabajadores y vecinos que no participaron de la generación de esas deudas.
Por eso, la iniciativa apuesta a reemplazar el mecanismo de retención directa por un proceso de regularización con plazos y reglas acordadas.
El proyecto deberá ahora transitar el debate legislativo. Allí se discutirá si la suspensión propuesta hasta diciembre de 2027 constituye una herramienta viable para normalizar las obligaciones previsionales o si, como sostiene el Gobierno provincial, el sistema vigente debe continuar aplicándose para garantizar el financiamiento de la Caja.