El Gobierno de Javier Milei se mostró dispuesto a brindar asistencia a Colombia después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al oeste de ese país y dejó al menos 111 muertos, decenas de heridos y más de 1.500 viviendas afectadas. El gesto humanitario es razonable frente a una tragedia de semejante dimensión. Lo que resulta difícil de evitar es el contraste con la respuesta que la misma administración tuvo cuando una catástrofe golpeó dentro de las fronteras argentinas.
El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno mantiene contacto con las autoridades colombianas y transmitió la disposición argentina para aportar la asistencia que resulte necesaria. También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e indicó que, hasta el momento, no se registraron argentinos entre los fallecidos.
Hasta ahí, una reacción diplomática esperable. El problema aparece cuando la solidaridad internacional se compara con lo ocurrido en Bahía Blanca después de la inundación del 7 de marzo de 2025.
El Gobierno nacional sí intervino inicialmente en aquella emergencia: desplegó fuerzas federales y creó mediante el Decreto 238/2025 un fondo de hasta 200 mil millones de pesos destinado a subsidios directos para residentes cuyas viviendas resultaron afectadas. Ese dato es necesario para no deformar la historia.
Pero meses después Milei vetó la ley aprobada por el Congreso que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales y contemplaba recursos para continuar atendiendo las consecuencias de la inundación. La Casa Rosada argumentó entonces que ya había instrumentado mecanismos de asistencia y que los fondos previstos resultaban redundantes.
Ahí aparece la contradicción política. Mientras frente a Colombia el Gobierno elige comunicar inmediatamente que la Argentina está disponible para colaborar con todo lo necesario, frente a una ciudad argentina devastada puso límites a una nueva herramienta de financiamiento aprobada por el Congreso.
No se trata de cuestionar la ayuda a Colombia. Una tragedia con más de cien muertos merece solidaridad internacional y cooperación entre Estados. El interrogante pasa por otro lado: por qué esa predisposición exhibida hacia afuera no encuentra siempre la misma amplitud cuando las necesidades aparecen dentro del país.
Bahía Blanca quedó como un antecedente incómodo porque el debate excedió la asistencia inmediata. La discusión pasó rápidamente de atender damnificados a financiar una reconstrucción que requería obras, infraestructura y recursos sostenidos en el tiempo.
El contraste también expone una tensión recurrente del discurso libertario. El Gobierno reivindica la reducción del gasto público y limita la intervención estatal en numerosas áreas, pero ante una catástrofe internacional vuelve a reconocer algo elemental: existen situaciones extraordinarias en las que el Estado tiene recursos, capacidades y responsabilidades que ningún particular puede reemplazar.
Si esa lógica vale para ofrecer cooperación a miles de kilómetros de distancia, resulta legítimo reclamar que también prevalezca cuando una ciudad argentina necesita reconstruirse.
Colombia necesita ayuda y la Argentina hace bien en ofrecerla. La solidaridad internacional no debería ponerse en discusión. Pero tampoco debería utilizarse una vara diferente para las tragedias domésticas.
Porque cuando el agua arrasa una ciudad argentina o un terremoto destruye viviendas en otro país, las víctimas esperan básicamente lo mismo: que el Estado aparezca. La discusión política empieza cuando esa presencia depende de dónde ocurrió la tragedia.