Javier Milei colocó a Malvinas nuevamente en el centro de la agenda nacional con una serie de anuncios que combinan soberanía, explotación petrolera y defensa. El eje más inmediato es el endurecimiento de las medidas contra las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en el área en disputa con el Reino Unido.
El Gobierno avanzó además con una decisión concreta. Este viernes se publicó el Decreto 868/2026, que establece un procedimiento más rápido para investigar y sancionar actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en torno a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La norma designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y fija un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo. También obliga a distintos organismos del Estado a informar posibles incumplimientos y suma controles para impedir que empresas involucradas en esas actividades puedan acceder a determinados permisos o beneficios en territorio argentino.
El foco está puesto especialmente sobre Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de las Malvinas y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Según Reuters, el yacimiento está asociado a recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles y las compañías proyectan iniciar la producción en 2028.
Argentina considera ilegales esas operaciones por no contar con autorización nacional. Las empresas y las autoridades británicas sostienen la posición contraria.
Milei anticipó además que enviará al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones y alcanzar también a proveedores vinculados con este tipo de operaciones. Esa modificación todavía depende del tratamiento legislativo.
El segundo anuncio de mayor peso fue la decisión de avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, presentada por el Presidente como parte de una estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la proyección hacia la Antártida.
En paralelo, el Gobierno modificó el Presupuesto mediante el DNU 867/2026 e incrementó partidas vinculadas con Defensa. Sin embargo, la documentación publicada hasta ahora no permite afirmar que todo ese aumento de recursos esté destinado específicamente a la futura base naval.
La cadena nacional también introdujo un cambio conceptual. Milei vinculó la cuestión Malvinas con una nueva doctrina de seguridad nacional que abarcaría recursos naturales, infraestructura estratégica, comunicaciones, inteligencia, defensa y proyección antártica.
Dentro de esa estructura, el Presidente anunció la futura creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Como ocurre con el endurecimiento legislativo de las sanciones, esa parte del esquema todavía necesita avanzar por el Congreso.
La respuesta internacional fue inmediata.
El Gobierno británico ratificó su posición sobre las islas y volvió a sostener el principio de autodeterminación de sus habitantes. Argentina rechaza históricamente esa interpretación y considera que Naciones Unidas reconoce una disputa bilateral de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones entre ambos países.
Las petroleras tampoco modificaron por ahora sus planes. Navitas y Rockhopper sostuvieron que las nuevas decisiones argentinas no deberían afectar de manera material el desarrollo de Sea Lion ni su cronograma previsto.
Otro elemento que Milei incorporó a su mensaje fue la posición de Donald Trump. El mandatario estadounidense afirmó recientemente que Washington estaba revisando su postura respecto de las Malvinas, una declaración que el Gobierno argentino interpretó como una señal favorable.
Hasta el momento, sin embargo, Estados Unidos no formalizó un reconocimiento de la soberanía argentina ni anunció oficialmente una modificación de su política exterior sobre la disputa.
Más allá de la disputa política, el cambio más concreto está en la ofensiva sobre la explotación petrolera. El Gobierno ya aceleró administrativamente el régimen de sanciones, mientras prepara una reforma legislativa más amplia.
La dimensión del giro dependerá ahora de lo que ocurra en tres frentes: si el Congreso aprueba las nuevas herramientas anunciadas, si la Base Naval Integrada se traduce en obras y presupuesto específico y si las medidas argentinas logran modificar el desarrollo de Sea Lion.
Por ahora, las compañías aseguran que seguirán adelante y Reino Unido mantiene intacta su posición. La Argentina, en cambio, decidió elevar el costo jurídico y político de las operaciones petroleras y colocar nuevamente al Atlántico Sur dentro de su agenda de seguridad y defensa.