La diputada nacional por Santa Cruz Moira Lanesán Sancho presentó un proyecto de resolución para exigir al Gobierno de Javier Milei información detallada sobre la ampliación de las concesiones de rutas nacionales. La legisladora reclamó conocer qué tramos podrían pasar a la administración privada, cuánto costarían los peajes y qué destino tienen los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles .
La iniciativa surgió después de la publicación del Decreto 1358/2026, difundido en el Boletín Oficial el 13 de noviembre, que incorpora nuevas rutas al esquema denominado Red Federal de Concesiones.
La normativa establece que determinados sectores de la red vial nacional podrán ser entregados en concesión mediante licitaciones públicas, con el objetivo de financiar obras de mantenimiento, reparación y mejoramiento a través de la inversión privada y el cobro de peajes.
Sin embargo, la delimitación definitiva de los corredores, las condiciones contractuales y los valores tarifarios deberán establecerse en etapas posteriores. Por lo tanto, el decreto no significa que todos los tramos comprendidos ya estén adjudicados a empresas.
Frente a ese escenario, Lanesán consideró necesario que el Poder Ejecutivo informe las condiciones del sistema antes de avanzar con nuevas concesiones.
“No estamos en contra de la inversión privada, pero no puede haber cheques en blanco. Los usuarios tienen derecho a saber qué van a pagar, por qué lo van a pagar y qué obras van a recibir a cambio”, expresó.
Uno de los principales cuestionamientos de la diputada está relacionado con la utilización de los recursos que el Estado obtiene a través de los impuestos sobre los combustibles.
Lanesán pidió conocer cuánto se recaudó durante 2024, 2025 y 2026, qué proporción se destinó efectivamente a infraestructura vial y si existieron reasignaciones de fondos hacia otros fines.
“Ya pagamos las rutas con el impuesto a los combustibles. Si encima nos ponen peaje, ¿adónde va esa plata?”, planteó la legisladora.
También solicitó información sobre la evolución presupuestaria de Vialidad Nacional durante los últimos tres años y los recursos transferidos al Distrito 23, correspondiente a Santa Cruz.
El proyecto incorpora además un pedido de precisiones sobre las obras viales paralizadas en territorio santacruceño. La diputada pretende conocer cuáles son los proyectos pendientes, qué empresas tienen a su cargo su ejecución, cuánto avanzaron y si existe una planificación para retomarlos durante 2027.
La preocupación alcanza especialmente a la Ruta Nacional 3, uno de los principales corredores de conexión de Santa Cruz con el resto del país.
Lanesán reclamó que se identifiquen los sectores de esa ruta que podrían incorporarse al sistema de concesiones y pidió aclaraciones sobre el futuro de las rutas nacionales 40, 281, 288 y 293.
Para la legisladora, las características geográficas y climáticas de Santa Cruz obligan a evaluar las condiciones del servicio vial de manera particular.
“Santa Cruz no es un corredor más: las distancias son enormes, el clima castiga las rutas y muchas localidades dependen de la Ruta 3 para abastecerse o trasladarse”, sostuvo.
También advirtió que el eventual cobro de peajes podría trasladarse a los costos del transporte de mercaderías y afectar actividades como el petróleo, la minería, la producción agropecuaria y el turismo.
Por ese motivo, solicitó conocer si se contemplarán tarifas diferenciadas para residentes, trabajadores y transportistas, y qué estudios económicos respaldarán los valores que se establezcan.
Otro punto del proyecto está relacionado con las obligaciones de las futuras concesionarias. Lanesán pidió precisar qué trabajos deberán realizar antes de comenzar a cobrar, cómo serán controladas las inversiones y quién responderá frente a daños derivados de problemas de mantenimiento.
La diputada también reclamó que los contratos contemplen las particularidades del invierno patagónico, especialmente las tareas de despeje de nieve y tratamiento del hielo sobre las calzadas.
Desde Vialidad Nacional explicaron que el Decreto 1358/2026 forma parte de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones y que las empresas deberán financiar las obras y el mantenimiento previstos en sus respectivos contratos.
El organismo indicó además que, antes de las licitaciones, se convocará a audiencias públicas para que usuarios, gobiernos provinciales y municipales puedan conocer los proyectos y formular observaciones.
La normativa establece un plazo de doce meses desde su entrada en vigencia para realizar las convocatorias a licitación, mientras que Vialidad Nacional conservará las funciones de supervisión y control de los contratos.
Lanesán pidió que el Gobierno precise cuándo tendrán lugar esas audiencias, si Santa Cruz fue consultada y quién garantizará el mantenimiento de los caminos durante el período de transición.
La discusión enfrenta dos cuestiones que todavía requieren definiciones concretas: el modelo de financiamiento elegido por la Nación para sostener la infraestructura vial y las condiciones que deberán afrontar quienes utilizan diariamente esas rutas.
Mientras el Gobierno sostiene que las concesiones permitirán incorporar inversión privada y mejorar la transitabilidad, la diputada reclama información pública sobre el costo final para los usuarios y las garantías de cumplimiento de las obras.
“Pedimos transparencia: que el Gobierno diga cuánto recauda, cuánto invierte, qué rutas va a entregar y qué garantías hay de que el peaje se traduzca en rutas seguras y no en un nuevo costo para los que todos los días las transitan”, concluyó Lanesán.