El conflicto entre el Gobierno de Claudio Vidal y sectores del Poder Judicial de Santa Cruz llegó al Congreso Nacional. La diputada Moira Lanesan Sancho presentó un proyecto de declaración para expresar “repudio y preocupación” por la aplicación del Decreto Provincial N° 608/24 sobre magistrados y funcionarios judiciales.
La iniciativa cuenta con las firmas de Ana María Ianni, Kelly Olmos, Juan Carlos Molina, Sergio Dolce y Paulo Agustín Tita. El planteo sostiene que el Ejecutivo provincial estaría utilizando un mecanismo previsional para avanzar sobre la permanencia de integrantes de otro poder del Estado.
El decreto fue dictado en 2024 para reglamentar disposiciones de la Ley Previsional N° 1782 y establece mecanismos de notificación y plazos relacionados con el cese de actividades del personal estatal. La controversia aparece en su aplicación a miembros del Poder Judicial.
Para Lanesan, el problema excede una discusión sobre jubilaciones. “El Poder Ejecutivo no puede utilizar su potestad reglamentaria para intervenir, directa o indirectamente, en la composición de otro Poder del Estado”, sostuvo en los fundamentos.
La diputada advierte que el mecanismo podría terminar generando vacantes compulsivas y, en un escenario de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia provincial, facilitar una renovación de los tribunales. Esa posibilidad forma parte de la argumentación política y jurídica de la legisladora: no constituye un hecho probado ni permite afirmar que exista efectivamente un plan del Gobierno para colocar jueces afines.
El proyecto señala además que la medida se encuentra impugnada judicialmente y plantea posibles conflictos con la irretroactividad, los derechos adquiridos y la legislación provincial de procedimiento administrativo.
La discusión toca un límite institucional sensible. El Ejecutivo tiene facultades para reglamentar leyes y administrar el régimen estatal, pero la estabilidad de los magistrados está protegida precisamente para impedir que su continuidad dependa de decisiones discrecionales del poder político. La controversia judicial deberá definir si el Decreto 608/24 atraviesa o no ese límite cuando se aplica a integrantes de la Justicia.
“No se trata de defender a un gobierno, a un partido o a un grupo de jueces; se trata de defender una regla esencial de la democracia”, planteó Lanesan.
La declaración presentada en el Congreso reclama que el Gobierno santacruceño se abstenga de modificar mediante actos administrativos la permanencia de magistrados y funcionarios judiciales y respete las garantías previstas por las constituciones Nacional y provincial y por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El proyecto no tiene por sí mismo capacidad para anular el decreto ni resolver el conflicto. Pero lleva la disputa fuera de Santa Cruz y coloca políticamente bajo discusión una cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo con una reglamentación previsional cuando sus efectos alcanzan la estabilidad de quienes integran otro poder del Estado.