La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó una nueva prueba con la que buscará revisar la condena en la causa Vialidad y reforzar su planteo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El elemento central es una planilla oficial de Vialidad Nacional exhibida por Darío Andrés Levy, exempleado del área de Presupuesto, durante su declaración como testigo en la causa Cuadernos. Según el análisis encargado por los abogados de la expresidenta, el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85% de los fondos distribuidos a través del fideicomiso alcanzado por el decreto 54/2009 entre 2009 y 2015.
La defensa sostiene que ese dato contradice la hipótesis de que el decreto fue utilizado específicamente para favorecer a Báez. También remarca que Austral no aparece entre las veinte empresas que más fondos recibieron y que Iecsa, entonces vinculada a Ángelo Calcaterra, figura entre las constructoras con mayores desembolsos.
Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego anunciaron que incorporarán esta documentación a la presentación realizada ante Naciones Unidas y que, una vez definido ese trámite, impulsarán un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El dato del 0,85% fue confirmado por distintas coberturas de la conferencia de prensa, aunque su efecto jurídico todavía deberá ser evaluado por los tribunales. La existencia de una planilla nueva no implica por sí sola la nulidad de la condena ni determina automáticamente que la sentencia quede desvirtuada.
La estrategia de la defensa apunta especialmente contra la interpretación del decreto 54/2009. Esa norma incorporó a Vialidad Nacional y otros organismos como beneficiarios del fideicomiso creado en 2001 para financiar infraestructura vial.
El próximo paso será demostrar que la información ahora presentada reúne las condiciones necesarias para ser considerada una prueba nueva capaz de justificar la revisión de una sentencia firme.