Cristina Fernández de Kirchner trasladó la discusión por la causa Vialidad al ámbito internacional. Su defensa presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que denunció irregularidades durante el proceso judicial y pidió suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos.
La presentación abrió una nueva etapa en una causa cuya condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso de la expresidenta. El fallo estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los abogados sostienen que la investigación, el juicio oral y la revisión de la sentencia vulneraron derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También afirman que el proceso tuvo una consecuencia política concreta: excluir a Cristina Kirchner de futuras competencias electorales.
El reclamo no representa una nueva apelación ni transforma al Comité de Derechos Humanos en una instancia superior a la Corte Suprema argentina. Se trata de un mecanismo internacional que permite denunciar posibles incumplimientos de los compromisos asumidos por los Estados que reconocieron su competencia.
El organismo deberá evaluar inicialmente si la comunicación cumple los requisitos de admisibilidad. Entre ellos figura el agotamiento de los recursos disponibles dentro del país, condición que la defensa considera cumplida desde que la Corte dejó firme la condena.
En caso de admitir el planteo, el Comité notificará al Estado argentino para que responda las acusaciones. Hasta el cierre de esta nota no se había comunicado una resolución sobre la admisibilidad ni sobre las medidas provisionales solicitadas.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido contra la inhabilitación perpetua. Los abogados argumentan que la sanción vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos y a ser elegido, reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según esa interpretación, la prohibición no afecta solamente a Cristina Kirchner, sino también a quienes pretendan respaldarla electoralmente. La defensa describe esa consecuencia como una “proscripción” y sostiene que la sanción busca apartarla definitivamente de la vida institucional.
La presentación adquirió una dimensión política inmediata ante el calendario electoral de 2027. Dirigentes del kirchnerismo comenzaron a relacionar el trámite internacional con la posibilidad de que la expresidenta vuelva a competir por un cargo, aunque una eventual resolución favorable de la ONU no levantaría automáticamente la inhabilitación.
Los abogados también denunciaron que Cristina Kirchner no fue juzgada por tribunales independientes e imparciales. Cuestionaron la selección de algunos magistrados y mencionaron relaciones personales, encuentros sociales y actividades deportivas compartidas entre funcionarios judiciales y dirigentes enfrentados políticamente con la exmandataria.
El planteo alcanza a integrantes del Tribunal Oral Federal 2, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. Para la defensa, esas vinculaciones debieron investigarse y afectaron, como mínimo, la apariencia de imparcialidad exigida a quienes intervinieron en el expediente.
Otro punto de la denuncia se refiere a la responsabilidad atribuida a Cristina Kirchner por decisiones administrativas relacionadas con la obra pública en Santa Cruz. Sus abogados sostienen que la sentencia le adjudicó funciones que correspondían a ministros, secretarios y organismos técnicos.
La defensa puso como ejemplo el Decreto 54/2009, vinculado con el financiamiento de obras públicas. Argumentó que esa norma continuó vigente después de los gobiernos kirchneristas y nunca fue declarada ilegal.
También cuestionó la utilización de pruebas producidas en otros expedientes. Según la presentación, algunos elementos fueron incorporados sin que la defensa tuviera una posibilidad efectiva de controlarlos o discutirlos en igualdad de condiciones.
Los abogados señalaron además que la acusación habría accedido de manera anticipada a documentación que no estuvo disponible para la contraparte. Consideran que esa situación afectó la denominada igualdad de armas, principio que exige condiciones razonablemente equivalentes para la acusación y la defensa.
La comunicación ante la ONU incluye una denuncia por la supuesta vulneración de la presunción de inocencia. Allí se mencionan declaraciones de dirigentes políticos, funcionarios y medios de comunicación que, según la defensa, presentaron a Cristina Kirchner como culpable antes de la sentencia firme.
Entre las expresiones cuestionadas aparecen declaraciones del presidente Javier Milei, a quien los abogados atribuyen haber usado la condena como un recurso de confrontación política y presentado el encarcelamiento de la exmandataria como un logro propio.
La tensión volvió a crecer durante la cadena nacional del jueves 30 de julio, cuando Milei calificó a Cristina Kirchner como una dirigente condenada por corrupción y la acusó de haberle quitado 10.000 millones de dólares al Banco Central mediante el Fondo del Bicentenario.
Esa afirmación no se encuentra directamente relacionada con los hechos juzgados en la causa Vialidad, pero fue pronunciada pocos días después de que la defensa incluyera las manifestaciones presidenciales entre los argumentos sobre la construcción pública de culpabilidad.
La revisión de la condena constituye otro eje del reclamo. Los abogados sostienen que la Cámara Federal de Casación Penal no respondió de manera suficiente los planteos realizados contra la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.
También cuestionan que la Corte Suprema rechazara los recursos sin desarrollar un análisis pormenorizado de cada argumento. Según la presentación, el procedimiento no garantizó el derecho de una persona condenada a obtener una revisión integral del fallo y de la pena.
La defensa objetó además que la Corte funcione con tres integrantes cuando legalmente debería contar con cinco. Considera que la composición reducida afectó el acceso a una revisión independiente y efectiva.
Otro argumento se apoya en la prohibición de investigar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos. Los abogados afirman que 49 de las 51 obras públicas examinadas en Vialidad ya habían formado parte de expedientes anteriores que terminaron archivados o con sobreseimientos.
La acusación y los tribunales argentinos sostuvieron, en cambio, que el juicio no evaluó cada obra de manera aislada, sino un supuesto mecanismo general para direccionar contratos a empresas relacionadas con Lázaro Báez.
Mientras se analiza el fondo del reclamo, la defensa solicitó tres grupos de medidas provisionales. El primero busca suspender la inhabilitación perpetua para impedir que produzca consecuencias electorales antes de una decisión definitiva.
El segundo pide que el Estado complete la integración de la Corte Suprema. Los abogados consideran que el funcionamiento con tres miembros afecta las garantías institucionales y el derecho a una revisión judicial adecuada.
El tercer pedido se relaciona con las condiciones de la prisión domiciliaria que Cristina Kirchner cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución. La defensa reclamó el retiro de la tobillera electrónica, una flexibilización de las visitas y la posibilidad de acceder regularmente a un espacio al aire libre.
También solicitó que la expresidenta no sea responsabilizada por las manifestaciones o concentraciones organizadas por terceros frente al domicilio y que reciba un tratamiento equivalente al de otras personas bajo el mismo régimen.
El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo internacional, sostuvo que el Comité podría pronunciarse sobre las medidas provisionales antes de terminar 2026. Aclaró que el análisis de fondo podría demorar más tiempo.
Las medidas provisionales se aplican cuando el Comité considera que existe riesgo de un daño irreparable mientras estudia una denuncia. Su otorgamiento no implica aceptar los argumentos de la parte denunciante ni anticipa el resultado final.
El alcance de una eventual decisión favorable también generó posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo sostienen que el Comité no puede modificar una sentencia firme de los tribunales argentinos.
El organismo internacional, efectivamente, no tiene facultades para revocar directamente el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, sus dictámenes pueden exigir que el Estado adopte medidas para reparar violaciones comprobadas a los derechos reconocidos en el Pacto.
Una resolución favorable podría servir como fundamento para impulsar una revisión judicial, cuestionar la inhabilitación o reclamar otras formas de reparación. No borraría automáticamente la condena ni habilitaría por sí misma una candidatura.
La estrategia de Cristina Kirchner combina así tres dimensiones. En el plano judicial, busca que se revise internacionalmente el cumplimiento de las garantías durante la causa Vialidad. En el terreno político, intenta mantener abierta la discusión sobre una posible candidatura en 2027. En el ámbito institucional, cuestiona el funcionamiento de la Corte y las relaciones entre sectores de la Justicia y la dirigencia política.
El trámite recién comienza. El Comité deberá resolver si admite la comunicación, recibir la respuesta del Estado argentino y analizar los argumentos de las partes. La primera definición relevante será determinar si acepta intervenir de manera urgente sobre la inhabilitación y las condiciones de la prisión domiciliaria.