El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó este jueves a la movilización frente al Congreso de la Nación contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y convirtió su presencia en una señal política contra una de las reformas que el gobierno de Javier Milei busca sostener en el Senado.
La protesta se desarrolló mientras la Cámara alta debatía la iniciativa y después de que el oficialismo tuviera que retirar del tratamiento inmediato el capítulo referido a las tierras rurales. Ese apartado había generado un fuerte rechazo porque modificaba las restricciones vigentes para la adquisición de territorio por parte de capitales extranjeros.
“Se logró que el Gobierno nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros, pero los otros capítulos de esta ley también son nefastos”, sostuvo Kicillof durante la concentración.
La marcha reunió a organizaciones políticas, sindicales y sociales que llegaron hasta las inmediaciones del Congreso para expresar su rechazo al proyecto. Kicillof estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, intendentes y militantes.
La retirada del capítulo sobre tierras representa un traspié para el oficialismo, que debió ceder frente a la falta de respaldo suficiente incluso entre sectores que acompañaron al Gobierno en otras votaciones. La Libertad Avanza aclaró, sin embargo, que el tema quedó postergado y que buscará una nueva redacción capaz de conseguir mayores consensos.
El texto original promovido por el Ejecutivo contemplaba modificaciones sobre la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La propuesta formaba parte de un paquete más amplio que también alcanza el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego.
La movilización, por lo tanto, no perdió su razón de ser con la caída temporal del capítulo más polémico. Para Kicillof y los sectores que rechazan la iniciativa, el problema excede la extranjerización y atraviesa la concepción general que sostiene el proyecto: ampliar la protección de la propiedad privada mientras se reducen determinadas herramientas de intervención estatal.
“Esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que comprendieron cuál es el verdadero proyecto de Milei”, afirmó el gobernador.
Luego profundizó su cuestionamiento con una definición política: acusó al Presidente de querer “vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”.
La caracterización pertenece al discurso opositor y excede la formulación oficial del proyecto. El Gobierno defiende la reforma con el argumento de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el derecho constitucional de propiedad y generar mejores condiciones para la inversión.
Pero la discusión que quedó expuesta en el Congreso es más profunda. La propiedad privada ya cuenta con protección constitucional en la Argentina. Lo que está en debate es hasta dónde deben llegar sus garantías cuando entran en juego la planificación territorial, las expropiaciones por utilidad pública, la protección ambiental o los procedimientos de desalojo.
El retiro del capítulo de tierras mostró además que el Gobierno encontró un límite político concreto. La resistencia no provino exclusivamente del peronismo o de la izquierda: alcanzó a gobernadores y bloques que en distintas oportunidades facilitaron al oficialismo la aprobación de sus reformas.
Kicillof buscó capitalizar ese retroceso desde la calle. Su presencia frente al Congreso reforzó una estrategia que combina la oposición parlamentaria con la movilización social y coloca la discusión territorial dentro de una disputa más amplia con el modelo libertario.
La extranjerización quedó frenada, al menos en esta instancia. Sin embargo, el oficialismo mantiene el resto de la iniciativa y ya anticipó que volverá a trabajar sobre el capítulo retirado.
Por eso, lo ocurrido frente al Congreso representa algo más que una protesta contra una ley. Expone hasta dónde puede avanzar el programa desregulador de Milei cuando afecta cuestiones que atraviesan el territorio, los recursos naturales y las facultades del Estado. Esta vez, la presión política y social obligó al Gobierno a retroceder en uno de sus puntos más controvertidos. La disputa por el resto de la reforma continúa.