La controversia alrededor de Adriana Baravalle dejó de ser una discusión menor sobre cómo redactar un currículum. La funcionaria ocupa la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, un área desde la que se definen políticas sobre investigación, desarrollo científico, innovación y organismos estratégicos del Estado argentino. Por eso, la calidad y la verificabilidad de sus antecedentes académicos no son un detalle: forman parte del estándar de idoneidad que corresponde exigir a quien conduce el sistema científico-tecnológico nacional.
Baravalle fue designada mediante el Decreto 730/2026, firmado por Javier Milei, en reemplazo de Darío Genua. El decreto oficial la identifica como “magíster Adriana Baravalle”. La propia página actual de la Secretaría utiliza la misma denominación.
Sin embargo, cuando fue anunciada su incorporación, medios nacionales y fuentes vinculadas al Gobierno la presentaron además como doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University. Esa credencial es la que ahora quedó bajo cuestionamiento.
La institución está radicada en Hawái y aparece vinculada al universo de establecimientos no acreditados dentro del sistema estadounidense. La propia Oficina de Protección al Consumidor de Hawái establece que una institución no acreditada es aquella que no cuenta con acreditación, ni es candidata a obtenerla, ante una agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.
La distinción debe hacerse con rigor: que una institución no esté acreditada no convierte automáticamente cada documento que emite en una falsificación ni permite afirmar que Baravalle cometió un delito. Pero sí plantea un problema serio cuando una credencial proveniente de ese circuito es presentada como un doctorado académico para respaldar la trayectoria de la máxima autoridad política del área científica nacional.
El caso sumó este martes un elemento difícil de relativizar. La diputada nacional Marcela Pagano publicó una experiencia realizada por ella misma con American Andragogy University para comprobar qué exigencias existían detrás del denominado doctorado en Inteligencia Artificial.
Según mostró en sus redes, contactó a la institución, inició el procedimiento y terminó recibiendo en pocos días una credencial doctoral. Pagano afirmó que pagó 400 dólares y que no realizó una carrera de doctorado comparable con las que exigen las universidades acreditadas: no atravesó años de formación, no desarrolló una tesis doctoral bajo los procedimientos académicos habituales ni completó un trayecto formal equivalente.
La legisladora sostuvo además que recibió un diploma junto con documentación académica en la que figuraban materias que, según su propio testimonio, nunca había cursado. La experiencia fue expuesta públicamente como demostración del funcionamiento de la institución y Pagano aseguró que el material ya fue llevado a la Justicia.
Ese episodio cambia la dimensión política de la discusión. Ya no se trata solamente de consultar una base institucional extranjera o comparar acreditaciones. Una diputada nacional afirma haber reproducido el mecanismo y haber obtenido, por 400 dólares y en cuestión de días, una documentación equivalente a la credencial doctoral que quedó asociada públicamente con la secretaria de Ciencia.
Eso no demuestra por sí mismo cómo obtuvo Baravalle su diploma, cuánto tiempo estudió, qué trabajos realizó ni bajo qué condiciones académicas particulares recibió su título. Sería irresponsable equiparar automáticamente ambas trayectorias sin contar con esos documentos.
Pero hace todavía más urgente una explicación de la funcionaria y del Gobierno.
Baravalle tiene antecedentes reales en el ámbito tecnológico. Es magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, desarrolla actividad docente y de investigación y aparece vinculada a trabajos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y criptografía poscuántica. La propia Universidad Austral la registra como participante de proyectos de investigación y como doctoranda en Ingeniería.
Precisamente por eso resulta difícil comprender por qué se incorporó a su presentación pública un supuesto doctorado proveniente de una institución no acreditada, cuando existen otros antecedentes verificables dentro del sistema universitario argentino.
El interrogante institucional es todavía mayor porque el Gobierno de Javier Milei viene manteniendo desde diciembre de 2023 una confrontación sostenida con las universidades públicas y con buena parte del sistema científico nacional, acompañada por fuertes recortes presupuestarios, conflictos salariales, despidos y cuestionamientos públicos a investigadores y casas de estudio.
En 2026 esa política no desapareció. Informes especializados sobre ejecución presupuestaria estimaron que la Función Ciencia y Tecnología acumula una pérdida real superior al 40% desde el inicio de la gestión libertaria. Centros del propio CONICET denunciaron falta de partidas para el funcionamiento, interrupciones de trayectorias científicas y desvinculaciones de investigadores. En agosto, un instituto del organismo informó que unos 400 becarios posdoctorales quedaron fuera del sistema al finalizar julio.
Las universidades públicas atravesaron un conflicto paralelo. El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó reiteradamente financiamiento suficiente para sostener salarios, funcionamiento, investigación e infraestructura, mientras el Gobierno aplicó modificaciones presupuestarias que volvieron a afectar partidas educativas durante 2026.
En ese contexto, la polémica por el título de Baravalle adquiere una contradicción política evidente. Mientras el oficialismo cuestiona el gasto, las estructuras y hasta la legitimidad de sectores de la universidad y la ciencia públicas, la máxima responsable del área científica fue presentada con una credencial expedida por una institución cuyo estatus académico no cumple con los estándares de acreditación reconocidos en Estados Unidos.
El contraste no necesita exageraciones.
Un investigador del CONICET atraviesa evaluaciones periódicas, concursos, publicaciones, formación doctoral y controles académicos para desarrollar una carrera. Un docente universitario debe acreditar títulos, antecedentes y producción para competir por cargos. Un doctorado reconocido en la Argentina supone años de trabajo, dirección especializada, investigación original, evaluaciones y defensa de una tesis.
Por eso resulta institucionalmente relevante que Pagano sostenga que pudo obtener una credencial del mismo tipo atribuido a Baravalle mediante un proceso de pocos días y un pago de 400 dólares.
También merece atención otra diferencia documental. El Decreto 730/2026 no presenta a Baravalle como doctora. La designa como magíster. La página oficial de la Secretaría también utiliza actualmente ese título. Sin embargo, al momento de anunciar su llegada, distintos medios reprodujeron información atribuida a fuentes gubernamentales que la describía como doctora en Inteligencia Artificial por American Andragogy University.
El Gobierno debería aclarar si verificó esa credencial antes de difundirla, si el diploma formó parte de los antecedentes considerados para la designación y si existe documentación que permita conocer la fecha de obtención, plan de estudios, tesis, dirección académica y evaluación correspondiente.
También Baravalle tiene la posibilidad de despejar el cuestionamiento de manera sencilla: exhibir el recorrido completo de ese doctorado, explicar bajo qué modalidad lo realizó y establecer qué reconocimiento académico posee.
No existe hasta el momento evidencia suficiente para afirmar que la funcionaria falsificó un título. Tampoco corresponde convertir la demostración de Pagano en una prueba automática sobre la forma en que Baravalle consiguió el suyo.
Pero el problema institucional ya está planteado.
La Argentina puso la conducción de Ciencia, Tecnología e Innovación en manos de una funcionaria presentada públicamente con un doctorado expedido por una institución no acreditada, mientras una diputada nacional acaba de mostrar que consiguió una credencial equivalente pagando 400 dólares y sin atravesar un proceso doctoral convencional.
En cualquier dependencia pública eso exigiría explicaciones.
En la Secretaría responsable de defender la investigación, la evidencia, la evaluación académica y la producción de conocimiento del Estado argentino, el estándar debería ser todavía más alto.