La situación judicial de Fernando Cerimedo dio este sábado un salto considerable. La Justicia boliviana le dictó una segunda prisión preventiva por seis meses, esta vez dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y ordenó que la medida se cumpla en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
El dato cambia la dimensión del caso. Cerimedo ya estaba detenido preventivamente durante 180 días en Palmasola por la investigación de la tentativa de feminicidio de su expareja Nadia Beller. Ahora existen dos decisiones cautelares dictadas en expedientes diferentes y todavía debe resolverse cómo se compatibilizarán y cuándo se concretará el eventual traslado.
Durante la audiencia virtual, Cerimedo pidió recuperar la libertad, rechazó las acusaciones y sostuvo: “Me arruinaron la vida”. También intentó explicar su situación patrimonial y aseguró que sus ingresos rondan el millón de dólares anuales y no mensuales, como había surgido de una declaración incorporada al expediente.
La investigación deberá determinar ahora si existe correspondencia entre esos ingresos declarados, sus actividades empresariales, movimientos financieros y el dinero encontrado durante los procedimientos. La existencia de fondos en efectivo y dispositivos tecnológicos integra la evidencia recolectada, pero será el avance de las pericias y de la investigación patrimonial el que determine su relevancia penal.
Al mismo tiempo, la causa por el ataque contra Nadia Beller continúa ampliándose. El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó tres nuevas órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros. Los mandamientos fueron entregados a la Policía y buscan determinar qué participación pudieron tener esas personas en el episodio ocurrido el 17 de agosto.
Ese punto puede resultar determinante. La Fiscalía intenta reconstruir quiénes fueron los autores materiales, qué recursos utilizaron, quién facilitó eventualmente armas, vehículos o información y si existieron personas que impartieron instrucciones.
También se abrió en Beni otro frente relacionado con presuntos delitos vinculados al narcotráfico y encubrimiento, a partir de información surgida durante las investigaciones y de declaraciones realizadas por Beller. Hasta este punto de la pesquisa no se revelaron pruebas concluyentes que permitan establecer la participación de Cerimedo en operaciones de narcotráfico. La investigación deberá confirmar o descartar esa hipótesis mediante registros de vuelos, comunicaciones, movimientos de aeronaves y otras evidencias.
Beller, por su parte, solicitó ingresar al régimen de testigo protegido antes de declarar dentro del expediente patrimonial. La medida adquiere relevancia porque asegura disponer de información sobre negocios, movimientos económicos y relaciones políticas que excederían el ataque que sufrió. Hasta ahora, esas afirmaciones necesitan ser contrastadas con documentación y evidencia independiente.
La acumulación de expedientes amplió considerablemente el escenario. Cerimedo enfrenta investigaciones vinculadas con tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos económicos, mientras comienzan actuaciones relacionadas con presuntas operaciones de narcotráfico. Ninguno de esos procesos llegó todavía a una sentencia.
Pero las derivaciones no terminan en Bolivia.
La dimensión argentina continúa atravesada por la relación histórica de Cerimedo con el espacio de Javier Milei. El consultor participó activamente de la campaña presidencial de 2023 y existen registros oficiales que documentan al menos 13 ingresos suyos a la Casa Rosada entre diciembre de 2023 y junio de 2024.
Esos registros contradicen, al menos temporalmente, una lectura según la cual todo vínculo habría terminado en 2023. Qué actividades desarrolló Cerimedo durante esas visitas, con quiénes se reunió y cuál era el alcance real de su relación con integrantes del Gobierno son cuestiones que los registros de ingreso, por sí solos, no responden.
Hasta este punto de las investigaciones conocidas en Bolivia no se revelaron pruebas que permitan establecer una participación de Javier Milei en los delitos atribuidos a Cerimedo. Tampoco trascendieron elementos judiciales que indiquen que funcionarios argentinos hayan intervenido en los hechos investigados. Eso describe el estado actual de la evidencia pública y no implica anticipar qué podría surgir a medida que avancen los expedientes.
El propio Milei intervino políticamente en el caso al plantear públicamente la hipótesis de una operación regional y mencionar a Lula da Silva, Evo Morales y al “castrochavismo”. Hasta el momento tampoco se conocieron pruebas incorporadas a las investigaciones bolivianas que demuestren esa interpretación.
La pregunta sobre los vínculos políticos de Cerimedo adquiere importancia adicional porque las investigaciones bolivianas también intentan determinar qué capacidad de intervención tenía alrededor del gobierno de Rodrigo Paz. Durante la audiencia apareció una tarjeta que lo identificaba como “asesor principal” del mandatario boliviano. Cerimedo sostuvo que era solamente un diseño que nunca utilizó, mientras Paz afirmó que el argentino nunca estuvo autorizado para representar oficialmente a su Gobierno.
Será la documentación y no las declaraciones cruzadas la que permita determinar cuál era realmente ese vínculo.
El caso entró así en una etapa diferente. Ya no gira únicamente alrededor del ataque contra Nadia Beller. Existe una segunda prisión preventiva, una investigación patrimonial, tres extranjeros buscados y nuevas líneas que pueden ampliar todavía más el expediente.
La diferencia es importante: que existan investigaciones no significa que todas las hipótesis vayan a comprobarse, pero tampoco corresponde descartarlas antes de que sean agotadas.
Cerimedo niega los delitos y todavía no fue condenado. La Fiscalía, mientras tanto, continúa acumulando evidencia y abriendo líneas de investigación.
Y las derivaciones políticas permanecen abiertas. Hasta dónde llegaban los vínculos de Cerimedo con los gobiernos, dirigentes y estructuras políticas con los que se relacionó no puede resolverse mediante absoluciones anticipadas ni culpabilidades presumidas.
A esta altura, la respuesta depende de algo más concreto: qué puedan demostrar los teléfonos secuestrados, los movimientos financieros, los testimonios, los registros oficiales y las conexiones que consiga reconstruir la Justicia.