Una causa por presunta corrupción dentro de Tandanor avanzó con cinco allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el secuestro de 367.110 dólares entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño.
El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial del astillero estatal. La Justicia intenta determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con Tandanor y que rondaba los 200 mil dólares.
Según la hipótesis bajo investigación, Gallé habría ofrecido hacer desaparecer esa obligación a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares.
Durante los allanamientos, la Policía Federal encontró además un recibo manuscrito por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También fueron secuestrados cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
La causa se inició a partir de una auditoría interna realizada en Tandanor después de un recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
El expediente también vuelve a poner bajo la lupa una etapa de fuerte reestructuración interna en el astillero estatal.
Ana Laura Hernández había asumido la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Durante ese período se produjeron despidos, incorporaciones de directores y asesores con salarios elevados y la contratación de BDO para realizar una auditoría.
En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, un área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la empresa.
La reestructuración generó conflictos dentro de la compañía. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina e integrante del directorio, terminó alejándose en medio de diferencias con el rumbo adoptado por la conducción.
La gestión de Hernández también transcurrió en un contexto de sospechas internas sobre el futuro de los activos de Tandanor. El astillero tiene capacidad industrial estratégica y ocupa más de 30 hectáreas en una zona de alto valor inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a esas tierras se encuentra el desarrollo Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, un elemento que alimentó las especulaciones sobre el posible interés inmobiliario alrededor de la empresa estatal.
Hernández dejó posteriormente la presidencia y fue reemplazada por Mauricio González Botto, también vinculado políticamente con Posse y con antecedentes en el manejo de empresas públicas y en el diseño inicial de las privatizaciones impulsadas por el Gobierno.
Mientras continúa la discusión sobre el futuro del astillero, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante aquella etapa.
El secuestro de los 367.110 dólares, el recibo manuscrito y la documentación bancaria llevaron la investigación desde el terreno administrativo hacia una causa federal por presunto cohecho.