El dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni provocó una fuerte reacción de dirigentes opositores, que cuestionaron la decisión de no sostener la acusación por enriquecimiento ilícito y denunciaron un presunto trato favorable de la Justicia hacia funcionarios vinculados con el gobierno de Javier Milei.
La controversia comenzó este viernes 6 de noviembre, cuando se conoció que Pollicita consideró insuficientes las pruebas para demostrar que Adorni incrementó injustificadamente su patrimonio durante su paso por la función pública. En consecuencia, solicitó que el expediente sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar posibles delitos tributarios.
La decisión no representa un sobreseimiento ni el cierre de la causa. El planteo deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si corresponde trasladar la investigación a otro fuero.
El fiscal fundamentó su postura en las explicaciones presentadas por Adorni sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades, realizar refacciones y afrontar distintos gastos. El exfuncionario sostuvo que una parte importante de su patrimonio provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de incorporarse al Gobierno nacional.
Según la información conocida del expediente, durante el período investigado se registraron erogaciones superiores a los 402.000 dólares, de los cuales aproximadamente 374.000 fueron abonados en efectivo. También surgieron diferencias entre ingresos declarados, adquisiciones y otros movimientos patrimoniales.
La defensa de Adorni afirmó que las inversiones en criptomonedas permitieron obtener más de 590.000 dólares. Sin embargo, las verificaciones técnicas no lograron reconstruir completamente la titularidad histórica de las billeteras digitales ni todas las operaciones realizadas.
Pollicita consideró que esos elementos tampoco permiten descartar la explicación del exfuncionario y sostuvo que no existen pruebas suficientes para atribuir el incremento patrimonial a su desempeño dentro del Estado.
El dictamen generó cuestionamientos inmediatos de referentes políticos de diferentes espacios.
Una de las primeras en reaccionar fue la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien expresó su indignación mediante una publicación en redes sociales.
“¿Hoy es el día de los inocentes? No tomen de idiota al pueblo argentino, se nota mucho”, escribió la legisladora, poniendo en duda el criterio adoptado por la Fiscalía.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro también rechazó el planteo judicial y cuestionó la explicación ofrecida por Adorni sobre el origen de su dinero.
“Es joda, realmente nos toman el pelo a todos los argentinos”, manifestó. El legislador recordó las operaciones inmobiliarias, los viajes y los gastos investigados, y sostuvo que existen demasiados interrogantes sobre la evolución económica del exfuncionario.
Ferraro también denunció una presunta connivencia entre sectores judiciales y el poder político, una acusación que expresó como valoración propia y que no constituye una irregularidad acreditada.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, sumó sus cuestionamientos y vinculó el momento en que se difundió el dictamen con la visita del papa León XIV a la Argentina.
“Usan al Santo Padre para tapar la corrupción de Adorni”, sostuvo, al considerar que el cambio de enfoque judicial podría disminuir la atención pública sobre las acusaciones originales.
Por su parte, la diputada Mónica Frade cuestionó la interpretación del delito de enriquecimiento ilícito y planteó que el funcionario investigado debe justificar adecuadamente el origen de su patrimonio.
“El fiscal no tenía que acreditar nada. Es un delito que invierte la carga de la prueba”, afirmó la legisladora de la Coalición Cívica, quien también ironizó sobre las explicaciones contables presentadas durante la investigación.
Desde la izquierda, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, cuestionó el accionar de Pollicita y lo vinculó con el tratamiento judicial de otras causas relacionadas con organizaciones sociales.
El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, también criticó la actuación del fiscal y estableció una comparación con la investigación por el caso de la criptomoneda LIBRA, que involucra denuncias relacionadas con la promoción realizada por Javier Milei.
Dalbón cuestionó a Pollicita y al fiscal Eduardo Taiano por sus respectivas actuaciones judiciales y sostuvo que ambas investigaciones podrían avanzar hacia resoluciones favorables a integrantes o allegados del oficialismo.
En la misma línea, el exjefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y el abogado Roberto Carlés expresaron críticas hacia Comodoro Py y pusieron en duda la consistencia de las explicaciones sobre los fondos atribuidos a inversiones en criptomonedas.
Más allá de las reacciones políticas, la investigación sobre el patrimonio de Adorni todavía no concluyó. El propio dictamen de Pollicita advierte sobre posibles irregularidades tributarias relacionadas con dinero no declarado, operaciones con activos digitales y movimientos realizados fuera del sistema bancario.
Por ese motivo, el fiscal solicitó que la Justicia especializada determine si existieron conductas que puedan constituir evasión impositiva y que se examine la participación de otras personas vinculadas con determinadas operaciones comerciales.
La diferencia entre ambas hipótesis penales resulta importante. El enriquecimiento ilícito requiere analizar un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública, mientras que una investigación tributaria puede abordar la falta de declaración de bienes, ingresos u operaciones sujetas a impuestos.
El cambio de enfoque no demuestra que Adorni cometiera un delito tributario, pero tampoco significa que todas sus operaciones patrimoniales quedaran definitivamente esclarecidas.
La resolución ahora depende del juez Ariel Lijo, quien deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal. Mientras tanto, el dictamen volvió a instalar una discusión política sobre el funcionamiento de Comodoro Py, el tratamiento de las investigaciones que involucran a funcionarios públicos y los criterios utilizados para determinar responsabilidades penales.