Autofarma cerró después de casi seis décadas de actividad. El dato puede reducirse al fracaso de una empresa privada, a una ecuación financiera que dejó de cerrar o al desenlace inevitable de una compañía que acumuló problemas.
Pero hacerlo sería demasiado cómodo.
Porque la crisis no apareció de un día para otro. Durante meses hubo trabajadores reclamando salarios, dificultades para reponer medicamentos, prestaciones realizadas que la empresa aseguraba no haber cobrado y advertencias explícitas sobre la continuidad de más de 200 puestos laborales entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En abril, Autofarma ya denunciaba una deuda superior a los $7.000 millones correspondiente a más de 37.000 recetas dispensadas. En julio, los trabajadores seguían reclamando haberes y advertían públicamente que 202 familias estaban afectadas.
El cierre podrá discutirse desde la responsabilidad empresarial. Lo que también debe discutirse es qué hicieron los gobiernos mientras todavía existía algo para salvar.
Argentina tiene antecedentes suficientes para demostrar que entre estatizar una compañía y mirar cómo baja la persiana existe una enorme cantidad de herramientas. Hubo capitalizaciones, créditos, programas de asistencia salarial, refinanciaciones y mecanismos extraordinarios aplicados por distintos gobiernos cuando consideraron necesario sostener actividades y preservar puestos laborales.
Ninguno garantiza el éxito. Ninguno obliga al Estado a mantener indefinidamente una empresa inviable. Pero todos demuestran que la discusión nunca fue solamente intervenir o dejar caer.
Autofarma necesitaba, antes que nada, una solución para una deuda que atribuía principalmente a organismos públicos fueguinos.
Y ahí comienza la responsabilidad política de Gustavo Melella.
Si la empresa entregó medicamentos, esos consumos fueron auditados y la deuda era reconocida, cancelar las prestaciones no implicaba subsidiar las pérdidas de una compañía privada. Significaba pagar medicamentos que ya habían sido entregados.
La propia evolución del conflicto demuestra que el problema era conocido.
OSEF llegó a negociar con Autofarma durante aproximadamente dos meses. Su presidente, Gustavo García, anunció en julio un entendimiento que contemplaba una quita, un desembolso inicial y cuotas. Pero trabajadores y representantes de la empresa siguieron denunciando posteriormente que la solución era insuficiente y que los atrasos salariales continuaban.
La pregunta es inevitable: si aquel acuerdo debía normalizar la situación, ¿por qué no alcanzó?
¿Cuánto se pagó efectivamente? ¿Qué parte de la deuda fue reconocida? ¿Qué compromisos asumió cada parte? ¿Cuándo quedó claro que el esquema no alcanzaba para sostener la empresa?
Son respuestas necesarias porque los puestos de trabajo estaban en el medio.
Existe además una comparación particularmente incómoda para el Gobierno fueguino.
Este mismo año, Tierra del Fuego reconoció una deuda superior a $11.140 millones con OSEF por contribuciones impagas e intereses acumulados. ¿La solución? Un convenio para pagar en 36 cuotas mensuales.
Es decir: cuando el Estado necesitó tiempo para pagarle a su propia obra social, encontró un mecanismo financiero para distribuir la deuda durante tres años.
Cuando Autofarma necesitaba cobrar para sostener medicamentos, proveedores y salarios, la respuesta disponible no consiguió impedir el colapso.
No significa que ambas deudas fueran jurídica o financieramente idénticas. Significa que frente a una obligación estatal se encontró una herramienta para administrar el tiempo y frente a una crisis que amenazaba más de 200 empleos no apareció una solución con la misma capacidad.
Ese contraste merece explicaciones.
Pero sería injusto detener toda la responsabilidad en Tierra del Fuego.
Claudio Vidal gobierna Santa Cruz, donde se concentraba una parte importante de los trabajadores afectados. La deuda podía originarse fuera de la provincia, pero los empleos que desaparecían también eran santacruceños.
Un gobernador no necesita ser el deudor para intervenir políticamente cuando una crisis amenaza decenas de puestos dentro de su territorio.
Podía reclamar directamente ante Melella, impulsar una mesa interprovincial, involucrar al sistema financiero, explorar asistencia transitoria, buscar mecanismos para sostener salarios o participar de una negociación que condicionara cualquier ayuda a la conservación de los puestos.
Quizás ninguna alternativa hubiera funcionado.
Pero la sociedad tiene derecho a saber cuáles se intentaron.
En Santa Cruz intervino finalmente el secretario de Trabajo, Javier Aravena, con audiencias y gestiones relacionadas con el conflicto. La pregunta no pasa entonces por negar que existió una actuación administrativa, sino por determinar si llegó con la intensidad y anticipación necesarias frente a una crisis que llevaba meses desarrollándose.
Porque un gobierno no debería enterarse de una crisis laboral cuando aparecen los telegramas.
También hay una discusión que atraviesa al sindicalismo.
Los trabajadores realizaron medidas de fuerza, hicieron pública la falta de pago y reclamaron respuestas. La representación sindical, por lo tanto, deberá explicar cuáles fueron sus gestiones y qué posibilidades reales tuvo para modificar el desenlace.
No todos tienen la misma responsabilidad. Una empresa, una obra social, un gobernador, un funcionario laboral y un sindicato ocupan lugares completamente diferentes.
Pero había una certeza compartida: más de 200 familias podían quedarse sin ingresos.
Y había tiempo.
Ese es probablemente el aspecto más difícil de esta historia.
No se trató de una fábrica que cerró sorpresivamente una madrugada. Las alarmas estaban encendidas desde hacía meses. Los salarios se atrasaban. Los medicamentos faltaban. Los trabajadores protestaban. La empresa advertía sobre una deuda multimillonaria. OSEF negociaba. Los gobiernos conocían el conflicto.
La crisis estaba a la vista.
Por eso resulta insuficiente refugiarse ahora en que Autofarma era una empresa privada.
Nadie puede asegurar que una capitalización, un crédito puente, un esquema de asistencia salarial, el pago acelerado de prestaciones, una negociación con droguerías o una intervención coordinada entre Santa Cruz y Tierra del Fuego hubieran salvado definitivamente a la compañía.
Pero esa tampoco es la pregunta.
La pregunta es si se agotaron las alternativas antes de aceptar el cierre como desenlace.
Porque cuando una administración pública debe miles de millones encuentra convenios, plazos y cuotas. Cuando considera estratégica una actividad, aparecen instrumentos. Cuando necesita tiempo, busca financiamiento.
Más de 200 trabajadores también necesitaban tiempo.
Y ahora que ese tiempo se terminó, Gustavo Melella, Claudio Vidal, Gustavo García, Javier Aravena y las estructuras sindicales involucradas tienen algo que explicar.
No todos por lo mismo. No todos en la misma medida.
Pero sí sobre una cuestión elemental: qué hicieron mientras todavía quedaban puestos de trabajo por defender.
Ahí Autofarma deja de ser solamente la historia del cierre de una empresa.
Y se convierte en la historia de una crisis anunciada que llegó hasta el final sin que nadie consiguiera detenerla.