Mientras millones de familias argentinas vuelven a quedar debajo de la línea de pobreza y los salarios todavía cargan con la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023, el Gobierno de Javier Milei tomó una decisión que proyecta sus efectos durante las próximas tres décadas: extendió la concesión de 35 aeropuertos a Aeropuertos Argentina 2000, empresa vinculada con Corporación América, el grupo para el que trabajó el propio Presidente antes de desembarcar en la política.
La comparación no es solamente discursiva.
Esta misma semana el INDEC informó que la pobreza volvió a crecer y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, cuatro puntos por encima del semestre anterior. La indigencia subió al 7,5% y entre los menores de 14 años la pobreza llegó al 44,5%. Son números oficiales, producidos por el mismo Estado que acaba de comprometer la explotación de una infraestructura estratégica hasta 2049 y, potencialmente, hasta 2056.
Para los hogares, el horizonte cotidiano es mucho más corto.
Llegar a fin de mes, pagar servicios, sostener el alquiler, llenar el changuito o evitar endeudarse ocupan buena parte de las preocupaciones familiares. Los salarios registrados tuvieron una pequeña recuperación frente a la inflación en julio, pero distintos cálculos sobre los datos oficiales todavía los ubican alrededor de un 8% por debajo del poder adquisitivo de noviembre de 2023.
En ese escenario, la administración de La Libertad Avanza decidió garantizarle a Aeropuertos Argentina 2000 once años adicionales de concesión respecto del plazo que estaba vigente.
El contrato vencía en 2038. Ahora terminará, como mínimo, el 13 de febrero de 2049.
Y puede ir todavía más lejos.
Si la empresa cumple determinadas condiciones financieras y de inversión, podrá continuar administrando los aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2056. La extensión surge del Acta Acuerdo de Readecuación Contractual aprobada por el Gobierno mediante la Decisión Administrativa 27/2026.
El acuerdo establece que Aeropuertos Argentina deberá realizar una inversión directa adicional de US$600 millones destinada principalmente a Ezeiza. Para acceder al período adicional hasta 2056 tendrá que demostrar antes de junio de 2027 que cuenta con financiamiento y completar al menos el 75% de esas inversiones antes de fines de 2031. El propio contrato determina que, si esas condiciones no se cumplen, la concesión finalizará en 2049.
El Gobierno tiene argumentos para defender la decisión.
La documentación oficial sostiene que la pandemia alteró de manera extraordinaria la ecuación económica de la concesión. Durante 2020 y 2021 el tráfico aéreo sufrió derrumbes históricos y los ingresos de la empresa quedaron fuertemente afectados.
Pero hay un dato que modifica el encuadre político: la compañía ya había recibido una compensación por ese mismo motivo.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández extendió por diez años la concesión, que originalmente terminaba en 2028 y pasó entonces a finalizar en 2038. Seis años después, la administración Milei consideró insuficiente aquella reparación y concedió otros once años asegurados, más siete potenciales.
Si se activa el plazo máximo, una concesión nacida en 1998 podrá completar 58 años de explotación privada.
Ese número es difícil de compatibilizar con una retórica oficial que hizo de la competencia, la eliminación de privilegios y el cuestionamiento a las relaciones entre empresas y Estado una bandera permanente.
No porque la extensión sea en sí misma ilegal. Tampoco porque exista hasta ahora una prueba de corrupción.
El punto es otro: el Gobierno eligió renegociar y prolongar durante décadas una de las concesiones privadas más importantes de la Argentina, en lugar de llevar esos años adicionales a una nueva competencia una vez finalizado el contrato vigente.
Y existe un elemento que el propio Milei consideró suficientemente importante como para apartarse de la decisión.
El Presidente trabajó durante años para Corporación América, conglomerado históricamente encabezado por Eduardo Eurnekian y vinculado con Aeropuertos Argentina 2000. Esa relación previa llevó al mandatario a firmar el Decreto 1074/2026, mediante el cual se excusó de intervenir en expedientes relacionados con AA2000, su grupo controlante, accionistas y compañías vinculadas “por razones de decoro y delicadeza”.
Es decir: el vínculo existe, el propio Presidente lo reconoce institucionalmente y consideró necesario apartarse.
Pero su Gobierno tomó igualmente la decisión.
La firma quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La excusación puede resolver el aspecto formal de la participación directa de Milei, pero no elimina el contraste político.
El mismo Gobierno que sostiene que no hay recursos suficientes para mantener múltiples áreas del Estado y que convirtió el ajuste fiscal en el eje de su programa económico decidió construir una relación contractual que asegura a una gran compañía privada la explotación de activos estratégicos hasta mediados de siglo.
La empresa, claro, no recibe únicamente años.
También asume compromisos.
El acuerdo incorpora inversiones por US$600 millones, revisiones de la ecuación económico-financiera y controles del ORSNA. Además, Aeropuertos Argentina deberá desistir de determinadas acciones y reclamos relacionados con las consecuencias de la pandemia.
El debate no consiste entonces en afirmar que el Estado entrega aeropuertos a cambio de nada.
Consiste en preguntarse si la compensación elegida fue razonable, cuánto desequilibrio generado por la pandemia quedaba efectivamente pendiente en 2026 y por qué era necesario responder con hasta 18 años adicionales de concesión.
Sobre todo cuando la Argentina que rodea ese contrato está lejos de transitar un período de abundancia.
El INDEC acaba de mostrar que la pobreza aumentó del 28,2% al 32,3% en seis meses. La producción industrial manufacturera cayó 5% interanual en julio y el nivel de actividad retrocedió 2,9% frente a junio. Son datos oficiales que describen una economía donde numerosas familias, comercios y fábricas siguen obligadas a ajustar sus propios números.
Ahí está el contraste que vuelve políticamente significativa la decisión.
Para una familia, la incertidumbre puede ser saber cuánto costará la comida el mes próximo.
Para un trabajador, si el sueldo alcanzará después de pagar alquiler, transporte y servicios.
Para un comerciante, si podrá sostener las ventas.
Para una pyme, si tendrá pedidos suficientes para mantener su plantilla.
Aeropuertos Argentina 2000, en cambio, acaba de obtener una certeza contractual que puede extenderse durante treinta años más.
El Gobierno argumenta que necesita ofrecer previsibilidad para garantizar inversiones.
Esa explicación forma parte legítima de la discusión. Pero también abre otra pregunta: qué tipo de previsibilidad está ofreciendo el programa económico y para quiénes.
Porque el problema político no se agota en que Eurnekian haya sido jefe de Milei.
La cuestión de fondo aparece cuando se colocan las dos Argentinas una al lado de la otra: la de millones de personas que hacen cuentas todos los meses para sostener sus hogares y la de una compañía que consiguió que el Estado le asegure una concesión estratégica hasta 2049, con la posibilidad de llegar hasta 2056.
Milei prefirió no firmar por “decoro y delicadeza”.
Su Gobierno, en cambio, decidió avanzar.
Y mientras para millones de argentinos el futuro económico se mide de sueldo en sueldo, uno de los principales negocios aeroportuarios del país ya tiene asegurado su horizonte hasta mediados de siglo.