Una investigación por presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil derivó este miércoles en un allanamiento realizado por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz en una vivienda de Río Gallegos. El procedimiento terminó con el secuestro de numerosos dispositivos tecnológicos, además de armas de fuego y municiones.
La medida se concretó en un inmueble ubicado sobre calle Juan B. Justo y surgió a partir de reportes internacionales emitidos mediante CyberTipline, la plataforma del National Center for Missing & Exploited Children, conocido como NCMEC.
Según la información policial, esos reportes aportaron datos técnicos que permitieron avanzar en la identificación de la presunta autoría y reunir elementos para solicitar la intervención judicial.
Con las evidencias obtenidas durante la investigación, la Justicia provincial autorizó el allanamiento. Personal especializado registró la vivienda y realizó además requisas personales y vehiculares.
Durante el operativo fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, pendrives, memorias externas, un dispositivo de streaming Roku, adaptadores de tarjetas y una cámara de acción GoPro. Todo ese material quedó incorporado a la causa y deberá ser sometido a análisis forense.
El procedimiento también tuvo otro resultado que será materia de investigación: los efectivos encontraron armas de fuego y municiones de distintos calibres. La información difundida no precisó cantidad, características ni situación registral del armamento.
El operativo contó con participación de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la Dirección General de Investigaciones, representantes del Ministerio de Seguridad y personal especializado de la División Trata de Personas.
Finalizadas las medidas, los involucrados fijaron domicilio y quedaron a disposición de la Justicia provincial. No se informó que permanecieran detenidos. También declinaron ser examinados por el médico policial.
La investigación entra ahora en una etapa determinante: el análisis de los dispositivos secuestrados. Las pericias deberán establecer qué archivos contienen, su procedencia, movimientos, eventuales intercambios y cualquier otro elemento digital que pueda resultar relevante para determinar responsabilidades.
El procedimiento de este miércoles no aparece como un hecho aislado dentro de las investigaciones desarrolladas durante los últimos meses en Santa Cruz. La División Cibercrimen ya intervino en otros allanamientos originados a partir de reportes de CyberTipline y NCMEC.
En junio, Info24RG informó procedimientos en Río Gallegos relacionados con investigaciones por material de abuso sexual infantil, mientras que durante 2026 también se desarrollaron operativos en otras localidades de la provincia.
El antecedente inmediato refuerza la importancia de los reportes internacionales para detectar movimientos digitales que posteriormente son investigados en territorio provincial. Sin embargo, la existencia de una alerta y el secuestro de dispositivos no determinan por sí solos responsabilidad penal.
En este caso, será el análisis forense del material recuperado y el avance de las actuaciones judiciales lo que deberá establecer si existió tenencia o divulgación de material de abuso sexual infantil y qué responsabilidad corresponde eventualmente a cada una de las personas investigadas.