La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario referidos a los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
La decisión se produjo luego de que el máximo tribunal desestimara la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado, a partir del Decreto 759/25.
En una resolución firmada este jueves, la Corte remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa correspondiente al mismo expediente. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal consideró que el recurso extraordinario no reunía uno de los requisitos necesarios para su tratamiento.
En concreto, la Corte sostuvo que el planteo no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a ese carácter, tal como exige el artículo 14 de la Ley 48. Por ese motivo, rechazó la queja del Ejecutivo y dejó vigente lo resuelto por las instancias judiciales anteriores.
La decisión mantuvo firme el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ya había confirmado el fallo dictado en primera instancia.
El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre ordenó al Gobierno nacional aplicar la norma sancionada por el Congreso durante 2025.
La cautelar obliga al Estado a cumplir con los artículos vinculados con la recomposición de los salarios universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. Parte de esos puntos coincide con el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno, las universidades, los rectores y los gremios.
Ese entendimiento contempló un aumento salarial del 21,3% en junio y otro incremento del 3% en octubre. Sin embargo, la resolución judicial también alcanza a la actualización de las becas Progresar, un aspecto que no fue incorporado dentro de ese acuerdo.
La presentación ante la Corte había sido realizada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, en su condición de parte demandada.
La causa comenzó después de que el presidente Javier Milei fuera obligado a promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, aunque posteriormente el Gobierno se resistió a aplicarla. Con el rechazo de la queja, la cautelar continuará vigente mientras avanza la discusión judicial de fondo.