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Pablo Grasso rechazó endeudar a la provincia y denunció presiones políticas de ClaudioVidal

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Pablo Grasso rechazó endeudar a la provincia y denunció presiones políticas de ClaudioVidal

En una publicación en sus redes sociales, el intendente rechazó el endeudamiento en moneda extranjera y advirtió que podría perjudicar a los sectores de menores ingresos de Santa Cruz.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, volvió a expresar su rechazo al proyecto de endeudamiento en dólares impulsado por el Gobierno de Claudio Vidal y aseguró que su espacio político no acompañará iniciativas que, desde su perspectiva, comprometan el futuro económico de Santa Cruz.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal ratificó su posición frente a una propuesta que continúa generando diferencias entre el oficialismo y sectores de la oposición provincial.

“Seguimos diciendo NO al endeudamiento en dólares”, expresó Grasso al comienzo de su mensaje.

El intendente sostuvo que su sector mantiene una postura definida y que no está dispuesto a respaldar medidas que puedan trasladar compromisos financieros a las próximas generaciones.

“Bajo ningún punto de vista vamos a acompañar medidas que condicionen el desarrollo de las próximas generaciones ni que terminen pagando los que menos tienen”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio del debate por la Ley de Financiamiento Estratégico que promueve la administración provincial.

El proyecto presentado por el Ejecutivo solicita autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas. La iniciativa comenzó su recorrido legislativo durante mayo y volvió a ocupar un lugar central en la discusión política santacruceña.

El Gobierno provincial sostiene que el financiamiento permitiría avanzar con obras de infraestructura y atender necesidades estratégicas, especialmente en materia de energía, agua y gas.

Desde la oposición, en cambio, se cuestiona el impacto que podría tener una deuda nominada en moneda extranjera sobre las finanzas provinciales y las obligaciones que deberían afrontar futuras administraciones.

En ese escenario, Grasso reiteró que considera inconveniente recurrir al endeudamiento en dólares como herramienta para resolver las dificultades de Santa Cruz.

El jefe comunal también denunció la existencia de presiones políticas vinculadas con el tratamiento de la iniciativa, aunque en su publicación no identificó a los presuntos responsables ni detalló episodios concretos.

“Por más presiones o intentos de extorsión que existan, frente a un proyecto que consideramos sepultaría el futuro de la Provincia, nos mantenemos firmes”, sostuvo.

La referencia a supuestos intentos de extorsión se suma a los cuestionamientos que sectores de la oposición vienen realizando sobre la relación entre el Gobierno provincial y los municipios.

En noviembre, legisladores de Unión por la Patria denunciaron lo que consideran un intento de condicionamiento político mediante la asistencia financiera a las localidades, particularmente en medio de las dificultades económicas de la Cuenca Carbonífera.

Esos planteos forman parte de la controversia política y no constituyen, por sí mismos, pruebas de la comisión de un delito.

Grasso también buscó diferenciar su rechazo al proyecto de una negativa general a discutir mecanismos de financiamiento.

En su publicación señaló que su espacio no se limita a oponerse a la propuesta oficial, sino que también impulsa alternativas.

“Como oposición responsable, no solo nos plantamos y decimos que no: presentamos alternativas reales y responsables”, expresó.

La afirmación se relaciona con iniciativas legislativas presentadas durante noviembre para habilitar financiamiento provincial en pesos bajo condiciones diferentes de las previstas por el Gobierno.

Una de esas propuestas contempla autorizar operaciones de crédito por hasta 200.000 millones de pesos, con la obligación de distribuir una cuarta parte de los recursos obtenidos entre municipios y comisiones de fomento.

La iniciativa, identificada como proyecto 847/2026, ingresó a la Legislatura el 11 de noviembre y tomó estado parlamentario durante la sesión del día siguiente.

Desde el Gobierno de Vidal, la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, defendió la Ley de Financiamiento Estratégico al considerar que permitiría desarrollar obras necesarias para mejorar las condiciones productivas y atraer inversiones.

La funcionaria sostuvo que el esquema está orientado al financiamiento de infraestructura a largo plazo y que constituye una herramienta para atender demandas históricas de servicios en distintas localidades.

Las posiciones reflejan diferencias sobre las condiciones, los riesgos y el destino de las operaciones de crédito público.

Mientras el oficialismo presenta el financiamiento externo como una posibilidad para ampliar la inversión en infraestructura, Grasso advierte sobre el peso que esas obligaciones podrían trasladar a las futuras generaciones.

El intendente ratificó que su espacio mantendrá el rechazo al proyecto en moneda extranjera y defendió la necesidad de discutir otras alternativas para atender las necesidades provinciales.

Por ahora, la controversia continúa abierta en el ámbito legislativo y político, con posiciones enfrentadas sobre cómo financiar obras y afrontar las dificultades económicas de Santa Cruz sin comprometer la capacidad de pago de los próximos años.

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