El gobierno de Javier Milei vuelve a colocar al Congreso frente a una de las discusiones más trascendentes desde el regreso de la democracia. Bajo el nombre de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el oficialismo impulsa una reforma que, según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, podría acelerar la extranjerización de tierras, reducir el poder regulatorio del Estado y consolidar el dominio de grandes grupos económicos sobre recursos estratégicos del país.
La iniciativa no aparece aislada. Para los especialistas del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) y del Observatorio de Tierras PRIHA, integra una misma orientación política que incluye el RIGI, la flexibilización de normas ambientales, el debilitamiento de la protección de territorios indígenas y la reducción de controles sobre zonas de frontera.
Detrás del discurso oficial de defensa de la propiedad privada, el proyecto redefine el papel del Estado. La propiedad deja de cumplir una función social y pasa a convertirse en un derecho prácticamente absoluto, con escasas herramientas para que el interés público pueda intervenir cuando están en juego recursos naturales, infraestructura estratégica o necesidades colectivas.
Los investigadores sostienen que esta modificación favorecería la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales extranjeros y fondos de inversión, dificultando el acceso de pequeños productores, comunidades rurales y pueblos originarios.
El informe también advierte que la flexibilización de los controles sobre las Zonas de Seguridad de Frontera representa un cambio de enorme impacto institucional. Esas áreas fueron históricamente protegidas por su valor geopolítico y por la necesidad de preservar la soberanía sobre regiones estratégicas.
A ello se suma otro riesgo señalado por los especialistas: la reducción del Estado como organismo de control y planificación. Con menos capacidad para producir información, fiscalizar el uso del suelo o intervenir sobre conflictos territoriales, Argentina perdería herramientas para diseñar políticas públicas sobre sus propios recursos.
Los autores del trabajo alertan además sobre posibles consecuencias sociales. La concentración de la tierra podría acelerar procesos de desplazamiento de pequeños productores, profundizar conflictos por el acceso al territorio y aumentar la presión inmobiliaria en regiones de alto valor ambiental y turístico.
Desde el Gobierno, la reforma se presenta como una garantía para las inversiones y la seguridad jurídica. Sin embargo, el informe académico sostiene que la estabilidad para los grandes capitales no necesariamente implica beneficios para el conjunto de la sociedad si esa seguridad se obtiene a costa de debilitar la capacidad del Estado para regular actividades estratégicas.
El caso de Lago Escondido aparece como uno de los antecedentes utilizados por los investigadores para advertir sobre los riesgos de consolidar enclaves privados con fuerte influencia económica y política sobre territorios de enorme valor ambiental.
La discusión que comenzará en el Senado excede una modificación legal. Lo que está en debate es qué papel tendrá el Estado frente al control del territorio nacional y quién definirá el destino de recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo del país.
Para los autores del informe, la propuesta del oficialismo representa un cambio estructural que consolida un modelo donde el mercado concentra cada vez más poder y el Estado resigna capacidad de intervención. En ese escenario, advierten, la defensa de la soberanía deja de ser una política pública para convertirse en una variable subordinada a los intereses del capital global.