La multitudinaria misa del papa León XIV en Buenos Aires, celebrada el lunes 9 de noviembre, quedó envuelta en una fuerte controversia por la instalación de una carpa VIP destinada a políticos, empresarios y celebridades, mientras miles de fieles permanecían durante horas bajo el sol. La polémica se profundizó al conocerse que el Gobierno nacional tramitó contrataciones por más de 20.477 millones de pesos para organizar las actividades religiosas, lo que provocó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y los privilegios otorgados a determinados invitados.
La celebración tuvo lugar en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y formó parte de la primera visita de un pontífice a la Argentina desde 1987. Sin embargo, las imágenes de los espacios exclusivos terminaron ocupando buena parte de la discusión pública, especialmente por el contraste entre las comodidades ofrecidas a figuras conocidas y las condiciones que atravesaron numerosos asistentes.
Según una investigación publicada por El Disenso, la Jefatura de Gabinete nacional, encabezada por Diego Santilli, impulsó contrataciones por un total de $20.477.334.664,75 para la producción de la misa, la vigilia juvenil y los servicios de infraestructura, sonido, iluminación y logística.
La información fue contrastada parcialmente por Chequeado, que confirmó contrataciones por más de 20.000 millones de pesos y una adjudicación de $8.690 millones a DF Entertainment S.A., empresa vinculada al empresario Diego Finkelstein.
Esta última contratación, identificada mediante el expediente 79-0012-CDI26, incluyó la producción integral de la celebración y contempló una estructura climatizada de 30 por 40 metros, con capacidad para 250 personas, además de sanitarios acondicionados, mobiliario y servicios gastronómicos.
También se previeron 3.500 lugares en un sector preferencial.
Es importante distinguir que los $8.690 millones corresponden al conjunto de servicios contratados a la productora y no exclusivamente a la carpa VIP. Hasta el momento, no se conoce un desglose que permita establecer cuánto costaron específicamente las comodidades destinadas a los invitados especiales.
Entre quienes accedieron al sector reservado fueron mencionadas personalidades como Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Eduardo Feinmann y Claudia Villafañe, además de dirigentes políticos y representantes del ámbito empresarial.
La existencia de estos espacios generó cuestionamientos por el tratamiento diferenciado durante una ceremonia religiosa centrada en mensajes de solidaridad, humildad y atención a los sectores vulnerables.
El periodista Nacho Otero cuestionó públicamente que figuras del espectáculo dispusieran de ubicaciones preferenciales mientras religiosos, voluntarios y adultos mayores debían permanecer en condiciones menos favorables.
La controversia también alcanzó a las administraciones nacional y porteña. Desde ambos gobiernos surgieron explicaciones sobre los criterios utilizados para distribuir las invitaciones y organizar los accesos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció que algunas prestaciones gastronómicas resultaron innecesarias. Aunque defendió la existencia de espacios protocolares para autoridades que debían permanecer varias horas en el lugar, admitió que las medialunas y los budines estuvieron de más.
La discusión adquirió mayor dimensión por el mecanismo utilizado para contratar los servicios. Según los expedientes difundidos, se recurrió a procedimientos de contratación directa por urgencia, pese a que la visita papal estaba confirmada desde agosto.
Esa modalidad está contemplada en determinadas circunstancias administrativas, pero requiere fundamentos que justifiquen su utilización. Por ahora, no existe una determinación judicial que establezca irregularidades en las adjudicaciones.
El escándalo llegó este martes 10 de noviembre al Congreso Nacional. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno expliquen los gastos, los criterios de selección de invitados y las responsabilidades en la organización.
El legislador también reclamó conocer el costo individual de las carpas, el catering y los servicios exclusivos, además de establecer si existieron aportes privados y eventuales contraprestaciones para quienes colaboraron económicamente.
La polémica adquiere una dimensión política particular por el discurso de austeridad del presidente Javier Milei, quien convirtió el cuestionamiento a los privilegios de la dirigencia en uno de los principales argumentos de su llegada al poder.
La utilización de recursos públicos para organizar una visita de semejante magnitud no constituye por sí misma una irregularidad. La discusión gira alrededor de la necesidad de justificar cada gasto y explicar por qué se destinaron comodidades especiales a determinadas figuras públicas.
También resulta necesario conocer qué prestaciones fueron financiadas directamente por el Estado y cuáles mediante aportes privados, antes de atribuir responsabilidades sobre su costo.
El episodio contrastó, además, con el mensaje social que León XIV transmitió durante su visita. El pontífice defendió la dignidad del trabajo, la solidaridad y la necesidad de orientar las decisiones económicas hacia el bienestar de las personas.
Mientras esas palabras convocaban a reflexionar sobre las desigualdades, las imágenes de sectores exclusivos dentro de la celebración alimentaron cuestionamientos sobre la distancia entre los principios proclamados y las decisiones adoptadas por los organizadores.
La controversia todavía deja preguntas sin responder: cuánto dinero se destinó específicamente al sector VIP, quién autorizó sus prestaciones y cuáles fueron los criterios para distribuir las invitaciones.
El pedido de informes presentado en Diputados busca avanzar sobre esas cuestiones. Hasta que se conozcan las explicaciones oficiales y el detalle de las contrataciones, el denominado Misa-Gate seguirá abierto como una discusión sobre la transparencia del gasto público y los privilegios en una ceremonia que convocó a miles de argentinos.