El conflicto por el financiamiento universitario volvió a mostrar una dimensión que excede las movilizaciones y la disputa entre el Gobierno y las casas de altos estudios: un 62,7% de los consultados por Analogías evaluó negativamente que la administración de Javier Milei no cumpla los fallos judiciales vinculados con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La encuesta, de alcance nacional y realizada entre el 10 y el 14 de octubre, registró apenas un 26,6% de valoración positiva frente a esa decisión.
El rechazo crece entre quienes completaron estudios terciarios o universitarios, donde alcanza el 70,6%.
Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías, sostuvo que uno de los aspectos más relevantes de la medición es que la desaprobación no queda limitada a quienes ya se ubican políticamente en la oposición.
Según el estudio, el rechazo llega al 70% entre el denominado segmento no polarizado y alcanza al 45% dentro del oficialismo moderado.
Ese comportamiento lleva a la consultora a interpretar el financiamiento universitario como uno de los temas que consiguió atravesar parcialmente la división política que ordena buena parte de la opinión pública argentina.
El dato aparece después de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que volvió a reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenaron avanzar sobre aspectos vinculados con salarios y becas.
La discusión requiere una precisión: la encuesta de Analogías no pregunta simplemente por estar a favor o en contra del Gobierno ni por una opinión genérica sobre la ley. Lo que mide es específicamente la evaluación social sobre el incumplimiento de los fallos judiciales relacionados con el financiamiento universitario.
La misma medición ubicó la imagen positiva de Milei en 38,9% y la negativa en 56,7%.
Otros estudios difundidos durante esos días muestran números diferentes, aunque también registran niveles elevados de valoración negativa. Proyección Consultores midió 52,4% de evaluación negativa de la gestión frente a 42% positiva, mientras que la imagen personal del Presidente alcanzó 55,2% negativa y 41,9% positiva.
Las consultoras, sin embargo, no coinciden totalmente sobre cuánto pesa el conflicto universitario en esos indicadores.
Paola Zuban, de Zuban Córdoba y Asociados, considera que el tema se suma a una acumulación de conflictos vinculados con universidades, salud, jubilaciones y discapacidad. De acuerdo con mediciones de esa consultora citadas en el informe, el 92% respalda el reclamo de las universidades y el 94% manifiesta apoyo a la educación pública.
Santiago Giorgetta, de Proyección Consultores, planteó una lectura más matizada. Señaló que buena parte de la sociedad manifiesta preocupación por el desfinanciamiento de las universidades, aunque no necesariamente comprende en detalle la disputa jurídica y presupuestaria alrededor de la ley.
Claudio Montiel, de Zentrix, también diferenció el rechazo al incumplimiento de su impacto político. Según su análisis, la economía cotidiana continúa ocupando un lugar más importante entre las preocupaciones de la población y el conflicto universitario, por su extensión en el tiempo, podría tener hoy una incidencia menor sobre la imagen presidencial que en etapas anteriores.
Así, las encuestas permiten establecer un dato concreto, pero no una consecuencia electoral automática: existe una mayoría que cuestiona el incumplimiento de las decisiones judiciales sobre el financiamiento universitario, aunque los propios analistas difieren sobre cuánto puede modificar esa percepción el respaldo general al Gobierno.
El escenario combina entonces dos planos. Por un lado, el oficialismo conserva herramientas parlamentarias para impedir avances de iniciativas que rechaza, como ocurrió con la sesión que buscaba debatir el DNU 70/23. Por otro, el conflicto universitario mantiene un nivel de rechazo social que, según Analogías, alcanza también a sectores que no se reconocen como opositores duros.