El conflicto salarial entre el gobierno provincial de Claudio Vidal y las fuerzas de seguridad de Santa Cruz cumplió un mes sin resolución y tendrá una nueva instancia de negociación el próximo miércoles 8 de julio, a las 14:00, en la Escuela de Policía “Comisario Inspector Eduardo V. Taret”.
La crisis se mantiene abierta desde el 2 de junio, con medidas de fuerza sostenidas por efectivos de la Policía, el Servicio Penitenciario y Bomberos, tanto activos como retirados. En Río Gallegos, el reclamo incluyó acampes frente a la Casa de Gobierno, mientras que en distintas localidades de la provincia también se mantuvieron protestas vinculadas al pedido de recomposición salarial.
Según voceros policiales, el 95% de los efectivos se encuentra plegado a la medida. El dato refleja la magnitud del conflicto y el nivel de adhesión que, de acuerdo con los representantes del sector, atraviesa a buena parte de las fuerzas de seguridad provinciales.
El eje del reclamo pasa por la brecha entre los salarios actuales y el costo de vida. Los representantes del sector plantean que un agente recién ingresante, que hoy percibe alrededor de $1.100.000, debería llegar a $2.200.000. También señalan que muchos efectivos cobran entre $1.400.000 y $1.500.000, aunque con una parte no remunerativa cercana a los $700.259, lo que deja afuera del impacto salarial pleno a jubilados y pensionados.
En una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, informó que el Ejecutivo presentó once propuestas salariales con distintos mecanismos de actualización. Todas fueron rechazadas por los representantes policiales.
Desde el sector cuestionan especialmente la incorporación de un adicional transitorio, al considerar que mejora el ingreso inicial, pero se reduce a medida que el trabajador asciende en la jerarquía. Esa fórmula, advierten, genera un achatamiento de la pirámide salarial y no resuelve el problema estructural del esquema de haberes.
La intervención del Ministerio de Trabajo de Nación sumó un nuevo elemento de tensión. La directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, comunicó a los referentes que la medida de fuerza es ilegal y advirtió que, si no era levantada, podría derivar en una denuncia formal.
Por parte del Gobierno provincial, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, reiteró que la administración reconoce la legitimidad del reclamo, aunque sostuvo que las ofertas realizadas representan el máximo esfuerzo financiero posible.
En la última reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta que incluyó bonos de hasta $230.000 y suplementos de riesgo. Sin embargo, tanto la Asociación Civil Policial como la Mesa de Unidad rechazaron la oferta al considerar que no alcanza para cubrir la canasta básica.
El conflicto se transformó en una de las crisis institucionales y salariales más profundas que enfrenta Vidal desde el inicio de su gestión. La discusión excede el monto de una recomposición: involucra la estructura salarial de las fuerzas, el impacto sobre retirados y pensionados, la capacidad financiera de la provincia y la legitimidad de las medidas de fuerza.
La reunión del 8 de julio aparece, en ese escenario, como una nueva prueba de fuego. El Gobierno buscará cerrar un conflicto que ya lleva un mes, mientras los representantes policiales llegan con un reclamo firme: que la mejora salarial sea suficiente, remunerativa y sin mecanismos que profundicen desigualdades internas.