La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, cuestionó con dureza el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que revocó la cautelar que impedía descontar de la coparticipación municipal aportes destinados a las cajas previsionales. La funcionaria afirmó que la decisión puede volver inviables a los municipios y acusó al Gobierno provincial de contar, a partir de ahora, con una herramienta para disciplinar políticamente a las comunas.
“No estamos discutiendo una deuda con las cajas. Estamos discutiendo si los municipios de Santa Cruz van a seguir siendo gobiernos autónomos o si sólo van a poder funcionar cuando el gobernador lo permita. Si fuese una discusión por las cajas, el debate sería político, pero Claudio Vidal le tiene miedo al diálogo”, sostuvo Delgado.
La funcionaria de la gestión de Pablo Grasso planteó que el alcance del fallo excede largamente el caso de Río Gallegos. Según su lectura, la resolución abre un escenario de incertidumbre para todos los intendentes de la provincia, porque los recursos utilizados para pagar salarios, sostener el transporte, mantener calles o asistir a familias podrían quedar sujetos a decisiones del Gobierno provincial.
“Con esta decisión perdieron todos los municipios de Santa Cruz. Porque a partir de ahora cualquier intendente sabe que los recursos con los que paga salarios, sostiene el transporte, mantiene las calles o asiste a una familia pueden quedar sujetos a la decisión caprichosa del Gobierno Provincial”, afirmó.
Delgado también vinculó la resolución judicial con el debate por el endeudamiento provincial de USD 600 millones. Aseguró que el fallo llega como un mecanismo de presión sobre Río Gallegos por la postura del intendente Pablo Grasso frente a esa iniciativa del Ejecutivo. “Esto es una venganza porque al intendente de Río Gallegos no le perdonan la coherencia y su negativa a apoyar el endeudamiento de la provincia. Por eso estamos convencidos de que este fallo opera como una extorsión para que ceda. No lo conocen”, añadió.
La secretaria de Gobierno insistió en que el conflicto debería haberse canalizado mediante diálogo político y mecanismos de compensación de deudas entre la Provincia y el Municipio. En cambio, acusó a Vidal de haber elegido la vía judicial y de avanzar sobre la autarquía municipal en un contexto de fuerte tensión institucional.
En su crítica, Delgado apuntó también contra la integración del Tribunal Superior. Sostuvo que la decisión se produce “después de haber creado un tribunal espejo a la corte menemista” y cuestionó el ingreso de vocales que, según dijo, responden a los intereses del gobernador. “Cuatro vocales que ingresan por la ventana para cumplir con los caprichos de un gobernador autoritario que no discute política”, expresó.
La funcionaria fue más allá y nombró directamente a Sergio Acevedo y Eduardo Sosa. Los acusó de hipocresía por acompañar la sentencia pese a sus antecedentes en gestiones municipales. “Sergio Acevedo fue intendente de Pico Truncado pero jamás le pagó a la Caja de Previsión, y el procurador Eduardo Sosa fue secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos en una gestión que tampoco puso un peso. Son hipócritas”, afirmó.
El planteo de Delgado se suma a la posición que el propio Pablo Grasso ya venía sosteniendo tras conocerse la revocación de la cautelar. El intendente había advertido que los fondos en disputa pertenecen a los vecinos, no a la figura del jefe comunal, y que una retención sobre la coparticipación puede impactar directamente sobre servicios, obras, salarios y asistencia social.
Desde Río Gallegos, la lectura política es clara: el fallo no solo habilita un mecanismo de cobro previsional, sino que modifica la relación de fuerzas entre Provincia y municipios. Para el Municipio capitalino, la decisión coloca a las comunas en una situación de dependencia financiera frente al Ejecutivo provincial y debilita la autonomía reconocida por la Constitución.
La tensión también se inscribe en una discusión más amplia sobre el financiamiento del Estado santacruceño. Mientras el Gobierno provincial sostiene que debe garantizar recursos para el sistema previsional, Río Gallegos denuncia que la Provincia mantiene deudas con el Municipio y que, antes de aplicar descuentos, debería abrir una negociación para compensar obligaciones cruzadas.
Delgado cerró su intervención con un llamado directo a los intendentes de Santa Cruz. Les pidió que defiendan “con uñas y dientes” a sus vecinos y vecinas, porque los municipios son el nivel del Estado más cercano a la vida cotidiana de la gente. Según advirtió, debilitarlos implica castigar a miles de familias que dependen de servicios locales, asistencia comunitaria y presencia territorial.
El conflicto, lejos de encaminarse hacia una salida institucional ordenada, suma un nuevo capítulo de confrontación. El Tribunal Superior modificó el escenario jurídico, la Provincia recuperó una herramienta de retención y Río Gallegos respondió con una acusación política de alto voltaje: para el Municipio, el fallo no es solo previsional, sino un ataque directo a la autonomía de las localidades.