El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, reunió este lunes a su gabinete y a las personas designadas en cargos de conducción dentro del Municipio para analizar la situación económica y social tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilita al gobierno provincial a retener fondos coparticipables de los municipios. .
Durante el encuentro, Grasso advirtió que, si la administración de Claudio Vidal avanza con la retención de esos recursos, el Municipio no podrá afrontar el pago de salarios. Según explicó, los fondos de coparticipación están destinados de manera central al pago de sueldos, por lo que cualquier descuento adicional impactaría directamente sobre los trabajadores municipales.
El intendente planteó que la discusión no debe presentarse como un conflicto entre dirigentes políticos, sino como una medida que afecta a la gente que todos los días cumple funciones en el ámbito municipal. En esa línea, pidió a los cargos de conducción acompañamiento para explicar a la sociedad la gravedad del escenario-.-
Grasso sostuvo que la Provincia ya descuenta un 20% de la coparticipación por Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas, lo que equivale a $931 millones mensuales. Según señaló, con ese monto se podrían pagar directamente los aportes a la Caja de Previsión Social. Sin embargo, cuestionó que el gobierno provincial pretenda mantener ese descuento y, además, retener más fondos.
Para el jefe comunal, esa decisión implicaría una doble carga sobre los municipios y pondría en riesgo la previsibilidad financiera de Río Gallegos. El planteo se suma a las críticas que distintos intendentes y funcionarios municipales vienen realizando contra la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782, que permite avanzar sobre fondos coparticipables para cobrar aportes previsionales adeudados.
En ese contexto, Grasso anunció que en las próximas semanas el Municipio realizará una nueva presentación judicial para frenar el impacto de la medida. También informó que organizará encuentros con grupos de agentes municipales, hasta llegar a la totalidad de los trabajadores, con el objetivo de explicar la situación y sus posibles consecuencias.
El conflicto por la coparticipación volvió a tensar la relación entre la Provincia y los municipios. Mientras el gobierno de Vidal sostiene que busca garantizar recursos para la Caja de Previsión Social, desde Río Gallegos advierten que una retención sobre fondos destinados a salarios puede paralizar el funcionamiento municipal y afectar servicios básicos.